Hoy sábado 18 de marzo de 2006

Autonomía indígena y gobernabilidad en Michoacán

BERTHA DIMAS HUACUZ I Parte  

Vivimos en un mundo inhumano, plagado de conflictos y zonas de desastre que irrumpen en la escena día tras día. Principalmente en el hemisferio sur del globo terráqueo, pequeñas y grandes catástrofes naturales y crisis locales y regionales se multiplican por intereses geopolíticos y económicos; por acciones injustificadas de genocidio y "limpieza étnica"; por cacicazgos y el control de territorios y las fuentes estratégicas de recursos naturales, así como por las desigualdades sociales y económicas existentes. Estas situaciones que ocurren en otras latitudes, se presentan también en México, e incluso en Michoacán, con ejemplos vergonzosos de matanzas de campesinos e indígenas, expulsión forzada de familias y despojo de sus tierras, conflictos derivados de la explotación ilegal del bosque por terratenientes, y "focos rojos" ancestrales de linderos de propiedades y de tenencia comunal.

I. Ingobernabilidad y violencia en Michoacán

Los recurrentes eventos de violencia, secuestros y ejecuciones, y no solamente conflictos agrarios al seno de comunidades rurales vecinas, con lamentables pérdidas de vidas humanas, nos obligan a reflexionar sobre las condiciones de vida y seguridad tanto en las ciudades y centros económicos principales (La Piedad, Morelia, Uruapan) como en las zonas rurales e indígenas más empobrecidas de nuestro estado. Estos hechos violentos, invariablemente con despliegue de armas largas, son clara demostración de una severa falta de gobernabilidad y no solamente de control efectivo del orden. Las estadísticas de los ejecutados en lo que va del año, ya sea que hayan ocurrido en lugares remotos o a la vuelta de la esquina de nuestros vecindarios, son ya motivo de seria preocupación.

Es conveniente dejar claramente asentado que los conflictos de Michoacán no son privativos de la Meseta Purépecha ni necesariamente resultado de la intransigencia o falta de civilidad de los habitantes de las comunidades indígenas. En este mismo sentido, las riquezas forestales de Michoacán no se encuentran amenazadas por las hachas y machetes de campesinos y comuneros que derriban árboles, de uno en uno, para cubrir sus propias necesidades. La amenaza constante es de las sierras eléctricas de las bandas organizadas que sistemáticamente saquean el bosque en complicidad con algunas autoridades municipales, estatales y federales, las cuales operan equipadas con vehículos todo terreno, teléfonos celulares y armas de alto poder.

La ausencia de "gobernabilidad" en Michoacán no debemos entenderla solamente como un resultado de conflictos aislados sin mayor importancia y eventos fuera del control de los entes gubernamentales, como se argumenta y pretende justificarse acerca de la presencia del crimen organizado en territorios michoacanos. Por el contrario, los tristes hechos de Cherán Átsikurhin en los últimos días, que sucedieron a la demostración de firmeza y valentía de las mujeres de la Meseta en contra de los talamontes que asedian la región, nos obligan a replantear elementos que consideramos son clave para el bienestar de nuestras comunidades, empezando por las acciones necesarias para que terminen los conflictos por las disputas de tierras comunales ­utilizando la negociación y el derecho­ y aplicando más la buena práctica que las académicas teorías sobre el desarrollo que manejan asesores que desconocen el estado en que se encuentra la entidad.

Todo planteamiento debe poner en correcta perspectiva la realidad de Michoacán, con respecto del lento y errático ritmo de su desarrollo (uno de los más bajos del país, en función de los índices sociales, económicos, educativos y de salud). Destaca entre ellos la extensa ubicuidad del fenómeno migrante, el cual inicialmente era rural, indígena y campesino, mas ahora es ya también urbano e incluye, asimismo, a personas con estudios superiores.

Estamos además convencidos de que para evitar la violencia, las muertes y los encarcelamientos de jóvenes y gente inocente, se deben tomar en cuenta las convivencialidades inherentes y naturales de las poblaciones rurales e indígenas, y sus elementos comunitarios intrínsecos de unidad, riesgo compartido y resolución colectiva de problemas, y nunca jamás las intervenciones policiacas y militares.

II. Principios y propósitos de la gobernabilidad

La falta de gobernabilidad en nuestro estado es de origen por la limitada comprensión de la función misma del buen gobernar en su sentido más amplio. La ingobernabilidad va más allá de las funciones específicas de administración que no son ejecutadas con la transparencia, efectividad y probidad, como debería ser, ya sean éstas relativas a la formulación de planes y programas de desarrollo o a la asignación de presupuestos y su ejecución. Pero incluso en estas funciones, y por lo que corresponde a las comunidades indígenas, es generalizado el reclamo por la ausencia de atención personal del C. gobernador, aunque aun así sin garantía, como se demuestra por los múltiples pendientes sin solución.

La gobernabilidad, por definición, comprende las tradiciones, instituciones y procesos que determinan la manera en que el poder es ejercitado, la forma en que los ciudadanos pueden expresar sus voces, y el modo en que las decisiones son tomadas y ejecutadas, en la práctica, acerca de los asuntos de interés público. Gobernabilidad no es un sinónimo de gobierno; ni los problemas de política pública (que son intrínsecos a esta condición) son sólo de preocupación o responsabilidad gubernamental, sino de todos los actores sociales, entre los cuales el gobierno es uno de los tantos participantes. Y servir es la obligación del gobernante.

Uno de los principios clave de la buena gobernabilidad consiste en la libre determinación, expresada de manera material en la autonomía, y ésta en la territorialidad político-administrativa. Aquí, sencillamente, se aplica el principio básico de la administración pública de que lo local es y debe ser manejable por los que ahí habitan. Esto es relevante tanto para ciudades grandes y municipios importantes, como para la más pequeña unidad administrativa, como sería el caso de una jefatura de tenencia. Y un entendimiento separado y análisis completo, merecen los asuntos de la gestión de los territorios y de los recursos naturales, principalmente por lo que se refiere a las regiones y comunidades pobres y marginadas con bosques bajo tenencia comunal.

Cabe mencionar la falta de sensibilidad y la precaria planeación regional que se ejerce en Michoacán, en tanto que se ha negado sistemáticamente cualquier discusión seria por parte del Legislativo y del Ejecutivo sobre la importancia de la creación de nuevos municipios que se requieren en regiones específicas para, así, activar las economías regionales y la consolidación de la gobernabilidad local comunal.