La Jornada Michoacan

URUAPAN, 1 DE ABRIL.- Después de la primera visita del EZLN a Nurío, en 2001, en una asamblea comunitaria se determinó que "no habrá más sangre, ni vidas entregadas por la tierra", a propósito del viejo pleito con sus vecinos de San Felipe de los Herreros, con quienes protagonizaron uno de los encontronazos más sangrientos de que se guarde memoria en la región, que significó la pérdida de decenas de vidas, a mediados de los años 70.

06f1 Justo ese conflicto estaría por resolverse en el Tribunal Agrario, mientras que sin visos de resolución se mantendría el pleito por 60 hectáreas entre el mismo Nurío y sus vecinos de Cocucho, que a su vez protagonizó el pasado año el acontecimiento de violencia más reciente de la Meseta, con su viejo rival de tierras y vecino Urapicho, el que no puede pasar por Ahuiran, donde una barricada se lo impide.

Pero para atender conciliatoriamente el paquete de 48 conflictos que integrarían el llamado foco rojo 11 por la Secretaría de la Reforma Agraria, o foco de la Meseta Purépecha, habría tres "grupos de atención especial", pero en definitiva la solución dependería directamente de la voluntad de los núcleos agrarios, nos dice Martín Roa Hernández, residente regional de la Procuraduría Agraria.

Por su cuenta, Pamatacuaro, el segundo punto purépecha que visitará la Otra Campaña, mantiene también algunos reclamos con sus vecinos, como Zicuicho, con quien disputa 500 hectáreas, con la ventaja de que las autoridades de ambos pueblos "son jóvenes y profesionistas y ellos aportan otra visión", pues claramente estarían pensando en arreglar pacíficamente y no en pelear. Pamatacuaro, que mantiene además su gestión para convertirse en municipio, también tiene otro diferendo con Patamban, por una superficie superior a mil hectáreas, pero cuya negociación iría por buen camino.

En general, nos dice Roa Hernández, el grueso de los problemas es por sobreposición de límites o por áreas no reconocidas para ningún reclamante, y si los acuerdos parecen tardarse, sería porque "los grupos en conflicto no desean otra tierra, aunque poco a poco reconocen que no podemos alargar la que tenemos, porque si se pudiera les daríamos a todos". Los grupos llamados especiales tendrían "gente que entiende las visiones distintas que los pueblos indígenas dan a la tierra", aunque reconoce que a los integrantes de tales grupos se les cambia constantemente y tal vez ello dificulte la continuidad de las negociaciones.

Los más preocupantes

Entre los conflictos de mayor preocupación, "por lo que representan", estarían el de Chilchota y siete comunidades colindantes, como San Bartolome Urén, cuyas autoridades tendrían buena disposición para llegar a acuerdos, que lo haría un caso de clara perspectiva de solución para los próximos meses. Otros vecinos con quienes avanzaría la negociación simultánea serían Huáncito, Ocumicho y Santo Tomás.

Otro punto de preocupación especial es Santa Cruz Tanaco, que involucra a otro grupo de comunidades como Ahuiran, Cherán Atzícurin, Urén y Acachuén; aquí tendría un peso especial el ingrediente de la tala clandestina y la disposición negociadora sería deficitaria.

A este bloque de pleitos agrarios importantes, por así decirle, pertenece el que la comunidad de San Juan Nuevo mantiene contra más de 40 pequeños propietarios, con quienes existen distintos niveles de solución, desde los que están en proceso de negociación, o en juicio, o en la Suprema Corte de Justicia, hasta los que tienen sentencia definitoria. "San Juan merece atención especial por lo que representa a nivel nacional y estatal", asegura el funcionario agrario, quien no cree que eso influya el ánimo de las resoluciones judiciales contrario a lo denunciado por algunos particulares de que "la comunidad", ha corrompido a autoridades, amén de que ha sido un proceso de enriquecimiento de unos cuantos.

Visto el foco rojo en lo global, el funcionario diría que se trata de un paquete de conflictos soterrados, salvo el publicitado de Cocucho y Urapicho, que llamó la atención pero que el resto "ha estado ahí, sin mucho ruido en sus negociaciones, sin crisis", como Atapa con pequeños propietarios, o Cherán con Nahuatzen. Al respecto de este último, los dos estarían reclamando un área que ambos aprovechan en el pastoreo, "sin nada de que te corro o te balaceo, o te macheteo, aunque sigue el gusanito por saber de quién es esa fracción", la que incluso ni siquiera coinciden en precisar, pues mientras que para Nahuatzen se trata de 300 hectáreas, para los segundos son sólo 70.

Este conflicto, por cierto, se habría complicado por un dictamen negativo del Tribunal Agrario para Nahuatzen, porque no acreditaría los requisitos para constituirse en comunidad agraria, ya que el área de que dispone sería insuficiente, pues la mayor parte de la tierra ya está en manos de pequeños propietarios, "que en realidad se trata de ellos mismos que ya se repartieron", y en todo caso tendrían que iniciar un procedimiento diferente. Quienes se reconozcan de la comunidad tendrían que aportar sus tierras a la misma, para que a partir de ahí se pudiera reconocer como nuevo núcleo agrario.

Y aunque "nadie desconoce su condición indígena", la mayor parte optó por la pequeña propiedad, y en el proceso ante el Tribunal, cuando señalaron lo que habría sido su territorio, "también reconocieron que lo entregaron con títulos a otras comunidades y personas", al grado que les quedó muy poco para "calificar como comunidad".

El conflicto mismo de Nahuatzen con la comunidad de Sevina cuya resolución se ejecutó ocho años atrás es porque quedaron incluidas muchas pequeñas propiedades, por lo que éstos acusan a la comunidad de querérselos comer, y por su cuenta, Sevina dice que les reconoce, pero que aquellos se quieren extender más; aún no se concilia, "pero avanza".

Muchas comunidades no han aceptado la ejecución formal de las resoluciones porque éstas no incluían las áreas en conflicto, pero ahora "se está promoviendo que se reconozca lo que está libre de reclamo, si no, a la vuelta de dos o tres años se podrían contaminar esas áreas". Así lo han entendido por ejemplo Urén y Zicuicho, "quienes entendieron que ejecutar lo libre no implica renunciar a la parte en conflicto; deberían aprender los demás".

En consecuencia, al residente de la Procuraduría Agraria se le hace "creíble" la oferta de la conciliación en lo que resta del gobierno de Vicente Fox, y subraya la necesidad de "tomar en cuenta que el presupuesto del programa Focos Rojos tiene etiqueta sexenal", por lo que, de no ejercerse no habría garantía de continuidad, aunque coincide en que las conciliaciones de fondo no pueden entrar a fechas fatales. A propósito, asegura desconocer el presupuesto considerado para la Meseta por este programa, que ya se ha gastado 40 millones en la resolución de seis de los 54 conflictos originales.

Pero Roa Hernández cree que muchos problemas ni siquiera ocupan recursos para solucionarse, e insiste en que es mentira que el programa Focos Rojos esté comprando pleitos, "tal vez los coordinadores anteriores de los grupos especiales cometieron errores y quisieron solucionar todo con dinero".

Otros conflictos

En un apretado resumen de los puntos más conflictivos, además de los comentados de Chilchota y sus siete vecinos, Cherán y cuatro núcleos más, y los otros, destacaría la comunidad de Ocumicho contra ejidatarios de Tangancícuaro, que "va muy lento en su proceso", especialmente porque el segundo estaría mostrando resistencia a convenir y negativa a aceptar a cambio otras tierras "de mejor calidad".

El caso de Cocucho y Urapicho se mantiene "firme" en los términos del convenio que firmaron ambas comunidades, el cual fue respaldado con el simbolismo profundo de paz, cuando en el llano en pleito bajaron ambos pueblos encabezados por las imágenes de sus santos patronos. El Tribunal Agrario estaría por resolver, y el convenio sostiene que, sea cual fuere el resolutivo, ambas partes lo acatarán.

Hay otro grupo de conflictos en torno a Cherán, que involucraría a Cherán Atzícurin, a Carapan, Nahuatzen y Capacuaro, que si bien no tiene visos de que pueda desbordarse, también estaría incorporado al proceso conciliatorio. Por su lado, Tzirío y Tarecuato estarían en una ruta de convenio, si bien de pronto suben de tono, "como hace 15 días, cuando hubo amenazas de que desalojarían a los invasores si no se actuaba a tiempo".

Otro problema delicado que en efecto podría salirse eventualmente de control, sería el que protagonizan Tanaquillo y Huécato, cuyo proceso va muy lento porque ambas partes estarían "cerradas a resolver", y tendría un fondo complicado, ya que jurídicamente Huécato no existe, sólo Tanaquillo, mientras que aquél sería "un anexo que nunca se ha integrado", pero que mantiene su pretensión de ser reconocido como comunidad independiente. Sin embargo, la mayor parte de la tierra la tiene Huécato, por lo que es reclamado por Tanaquillo, quien agrega el argumento de la "deforestación de todo, porque al no ser de ellos no cuidaron el bosque", mientras que, por su cuenta, Huécato insiste en tener "derecho a ser pueblo".

Por otro lado, se encuentra también el pleito agrario entre el musical Ichán y la comunidad de Tacuro, al que la Procuraduría Agraria le ve "buenas posibilidades de que concilien en poco tiempo". También, la comunidad de Zicuicho con el anexo 18 de Marzo, un conflicto interno por el cambio de uso de suelo ilegalmente, donde se dio la tala inmoderada e ilegal, pero en el que han mantenido negociación, "con una mediación discreta del gobierno".

Otro diferendo es el de la comunidad de Santa María Huirimangaro, que aún no ejecuta su resolución por la inconformidad de pequeños propietarios de Pichátaro y de la comunidad de Tingambato, con la que no avanza la negociación por el propio conflicto interno de mantener a dos autoridades.

Y es que los conflictos de doble representación, o fragmentación de la autoridad en las comunidades, se ven favorecidos al no haber ejecuciones de las resoluciones; es el caso también de Cherán Atzícurin, donde, sin embargo, se matiza porque "un representante sobresale más que el otro" y es quien lleva la batuta; o en Ahuiran, que cuenta con dos representantes; o Carapan, entre muchos otros, lo que sólo sería una rama de los conflictos principales.

Finalmente, asegura el funcionario federal que si no hay voluntad de las comunidades difícilmente se podría llegar a conciliaciones duraderas, porque en todo caso, y para quien quiera que pretenda mover el agua, basta con hacer referencia a los títulos virreinales para sugerir reclamaciones imposibles, pues "pensemos que se le ocurre a Tzintzuntzan, reclamaría todo Patzcuaro, Quiroga y hasta medio estado, pues era la capital del imperio".