El fraude se fraguó en la gestión de Vázquez Mota, afirma Arnulfo Montes Cuen
Desvió la Sedesol 55 mdp a la campaña presidencial de Felipe Calderón, acusa la FENPA
Los recursos pertenecían al programa de Vivienda Rural, destinados a beneficiar a 5 mil familias
Daniela morales
La Federación Nacional de Productores Agropecuarios, Forestales y Pesqueros (FENPA) denunció un presunto fraude que se fraguó desde la Secretaría de Desarrollo Social, durante la gestión de Josefina Vázquez Mota, actual coordinadora política de la campaña de Felipe Calderón, para favorecer con recursos públicos al candidato presidencial del Partido Acción Nacional (PAN).
La denuncia penal fue presentada ayer por los diputados del PRD, contra la ex secretaria de Sedesol y la actual titular de la dependencia federal, Ana Teresa Aranda, por delitos electoral, pues se les imputa haber participado en el desvío de 55 millones de pesos del programa de Vivienda Rural a la campaña presidencial de Calderón.
En Morelia, el representante legal de la Federación Nacional de Productores Agropecuarios, Forestales y Pesqueros (FENPA), Arnulfo Montes Cuen, denunció que Sedesol federal despojó a esa asociación civil de 55 millones de pesos que se les habían aprobado en diciembre de 2005 para beneficiar a 5 mil 437 familias en 22 estados de la República, con pies de casa a través del programa de Vivienda Rural de esa dependencia.
Montes Cuen, que recorre los 22 estados que habían sido beneficiados denunciando el despojo, informó que en Michoacán alrededor de 560 familias de Zitácuaro, Tacámbaro y comunidades de Morelia habrían sido beneficiadas con el recurso que les fue “arrebatado”, luego de que el dirigente de la Fenpa se negara a “negociar” con los diputados Jorge Luis Preciado Rodríguez y José Isabel Trejo Reyes, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional (PAN), desviar 27 de los 55 millones que les habían aprobado a la campaña del candidato presidencial Felipe Calderón Hinojosa.
El dirigente denunció que luego de que la Fenpa fuera también despojada de sus expedientes y documentos de la gestión que realizaron durante el 2005, los recursos fueron entregados a una organización “fantasma” denominada Huehetépec Comunitaria, a través de la cual los 55 millones de pesos fueron triangulados, a través de dos cuentas bancarias operadas por los legisladores de Acción Nacional, a los comités estatales del PAN en cada uno de los 22 estados que habían sido seleccionados para recibir apoyos para vivienda que iban de los diez mil 700 a los 24 mil pesos por familia.
En la conferencia de prensa que ofreció ayer en el Comité Ejecutivo Estatal del PRD, Montes Cuen señaló al secretario de Acción Gubernamental del Comité Directivo Estatal del PAN, Luis Zatarain, como el responsable de operar el programa en el estado, a quien presuntamente le fueron entregados tres millones 500 mil pesos para usarlos de manera “discrecional” en Michoacán en beneficio del PAN.
Además señaló al presidente municipal del blanquiazul en Zitácuaro, Misael Espinosa Valdespino, y a Rafael Ayala, funcionario panista en Tacámbaro, como presuntos involucrados en la triangulación de recursos en Michoacán.
Acompañado de los diputados federales Cristina Portillo Ayala y Rafael García Tinajero, Montes Cuen advirtió que su denuncia, documentada ante los medios de comunicación, “es la prueba de que desde antes de que iniciara el proceso electoral existía toda una estrategia para triangular recursos del gobierno de la República para fortalecer las estructuras del PAN”, y que el coordinador del Grupo Parlamentario del blanquiazul en la Cámara de Diputados, José González Morfín, tenía “pleno conocimiento” de que se estaban preparando este tipo de “tropelías” y no hizo nada por evitarlo.
El representante legal de la Fenpa destacó que la Procuraduría General de la República (PGR), a pesar de tener pruebas suficientes en las ocho denuncias que se han presentado hasta el momento para que se investigue el destino que le están dando a los recursos del programa de Vivienda Rural, “no ha movido un dedo”, y tampoco ha llamado a declarar a la secretaria de Desarrollo Social, Ana Teresa Aranda; al subsecretario Sergio Soto, al director general del programa, Isaac Rodskin, y a la ex secretaria de Desarrollo Social y actual coordinadora de campaña de Felipe Calderón, Josefina Vázquez Mota, todos presuntamente involucrados en el desvío de recursos “ampliamente documentado” también en la denuncia 062/2006 que presentaron ante la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos Cometidos por Servidores Públicos.
“Todos ellos se coludieron para de alguna forma tomar decisiones violando el marco normativo del programa de Vivienda rural con la idea de despojar a nuestra asociación de los recursos, y triangularlos a través de particulares a las estructuras estatales y municipales de Acción Nacional”.
Agregó que la “nula” respuesta que ha dado la PGR demuestra que “simplemente nos estamos enfrentando a una elección de Estado organizada desde los más altos niveles de gobierno, para que con toda impunidad se sigan utilizando recursos de la federación en el proceso electoral”.
Ante la indiferencia de la PGR, la Fenpa está levantando actas en varios municipios de los 22 estados afectados con la ayuda de funcionarios municipales y notarios públicos, para dar fe de que el recurso que la Sedesol destinó originalmente para los afiliados de esa organización no está llegando ni en 30 por ciento a las familias beneficiarias, es decir, que alrededor de 60 por ciento de los subsidios se están quedando en manos de los funcionarios del PAN que operan el programa en esas entidades federativas.
Arnulfo Montes denunció también que a raíz de sus denuncias está siendo hostigado y presionado para retirar las acusaciones en contra de los funcionarios públicos. Su representante legal, Alejandro Morales, informó que pesan sobre él dos denuncias penales por falsificación de sellos y documentos, en un intento de Acción Nacional por negar la originalidad de las pruebas en posesión de Montes Cuen.
Junto a los legisladores perredistas, acompañados también por el secretario del Comité Ejecutivo Estatal del PRD, Ricardo Luna, exhortaron a las autoridades a “reconducir el proceso hacia el camino de la legalidad y reintegrar a las familias afectadas con los recursos”.
