■ Fue hecha al vapor; transgrede el marco constitucional, afirma la legisladora
La iniciativa para empatar las elecciones no cumple su objetivo: Citlalli Fernández
■ Considera que violentaría el principio de sufragio popular y decreto del gobernador

Daniela Morales
La iniciativa de decreto que reforma ocho artículos y deroga uno de la Constitución Política de Michoacán se hizo “al vapor”, no está cuidada legalmente y no cumple cabalmente con el objetivo de hacer concurrir los procesos electorales, señaló la diputada local del PRD Citlalli Fernández González, quien en lo general emitió el único voto en contra de la iniciativa que ayer jueves aprobó por mayoría la 70 Legislatura, por considerar que “transgrede el marco constitucional que rige la renovación de los poderes y ayuntamientos del estado”, consideración que la llevó a formular un dictamen de minoría que fue desechado.
Frente a las acusaciones que el jueves al concluir la sesión hizo en su contra el coordinador del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional (PAN), Víctor García Romero, acusándola de “incumplir” el acuerdo político que el pasado 22 de agosto firmaron el titular del Ejecutivo, todos los legisladores de la 70 Legislatura y los dirigentes de los partidos políticos con registro en el estado, Fernández González aclaró:
“Yo firmé con toda la voluntad manifiesta de analizar el tema porque obviamente coincido con la necesidad de la concurrencia, y un acuerdo político va encaminado a manifestar la voluntad para entrar a una discusión, pero me encontré con que tres días después el acuerdo, con todo y sus errores jurídicos e inconsistencias, como las que se señalaron ayer en las que se demuestra que en algunos casos no se logra la concurrencia tal y como lo espera la ciudadanía, se había convertido en iniciativa”.
Explicó que la decisión de elaborar un dictamen alterno surgió precisamente el día 25, cuando le informaron que el acuerdo se había convertido en iniciativa tal y como estaba planteado, “por eso ese día no firmé la iniciativa de decreto y me dediqué a formular otra propuesta para lograr la concurrencia”, sin que se cayera en la inconstitucionalidad.
“No encuentro que la iniciativa esté cuidada legalmente”, por eso mi argumentación es fundamentalmente de tipo jurídico.
En las consideraciones del dictamen de minoría que la diputada elaboró, señala: “son muchas las virtudes que se pueden destacar para aprobar la propuesta que se dictamina, virtudes que han sido manifestadas en el dictamen aprobado por la mayoría de los integrantes de las comisiones dictaminadoras; no obstante, la forma en que se pretende lograr la concurrencia de las elecciones no se considera la adecuada por trastocar el marco constitucional federal y local”.
La reforma planteada, apunta González Fernández, “estaría violentando el principio de elección popular y directa del gobernador”, pues la forma en que se pretende lograr la concurrencia de elecciones supone, sin mencionarlo de manera expresa, la suspensión de las elecciones programadas para el mes de noviembre de 2007.
Por lo que respecta a la propuesta de prorrogar el tiempo del encargo de los integrantes de la Legislatura en funciones, “implica fundamentalmente una infracción a los principios de soberanía y mandato previstos en el artículo 12 de la Constitución del estado; asimismo, del principio de forma de gobierno representativo y popular previsto en el artículo 13 de la Constitución del estado”.
Por ello, agrega, “una prórroga en el mandato de los actuales integrantes del Congreso del Estado implica serias violaciones a bases fundamentales de la forma de gobierno representativo y popular”.
De igual forma, se indica en el decreto, la prórroga del periodo constitucional de los ayuntamientos en funciones caería en la misma violación que la señalada para los integrantes del Congreso.
A pesar de los señalamientos de inconsistencias constitucionales, el decreto de minoría redactado por la legisladora fue desechado por el resto de diputados de todas las fracciones partidistas.
No obstante, sus señalamientos encontraron un eco parcial en los señalamientos en contra de la reforma del artículo 117, relativo a la ampliación del periodo de los ayuntamientos, que hicieron los diputados perredistas Verónica García Reyes y David Garibay Tena, observaciones que también fueron desechadas con prontitud.