Oaxaca en el contexto político nacional

Ramón Guzmán Ramos

El gobierno federal dejó que la crisis de gobernabilidad en Oaxaca se complicara y entrara a una fase de abierta y generalizada rebelión popular porque no tuvo tiempo sino de pensar en la consumación del fraude durante la elección presidencial. El PRI, por su parte, ha tenido que asumir el compromiso, por demás vergonzante, de darle un respaldo total al gobernador Ulises Ruiz para evitar que la caída estrepitosa que ha sufrido en los comicios sea todavía más dramática. Felipe Calderón está necesitado urgentemente del reconocimiento de todas las fuerzas políticas y sociales que puedan pronunciarse a su favor, incluyendo, desde luego, a los gobiernos locales establecidos. Es por eso que entre el PAN y el PRI se ha creado una alianza infame para evitar que el Senado asuma su función republicana y proceda a declarar desaparecidos los poderes en aquella entidad, que es, como casi todo mundo lo acepta en estos momentos, la única salida para darle al conflicto oaxaqueño una solución apropiada.
Todo este tiempo que se ha dejado a los oaxaqueños a su suerte sólo ha servido para que las relaciones de poder en aquel estado se descompongan. Ulises Ruiz ha perdido la capacidad política y jurídica para gobernar y ha generado, en cambio, la necesidad de que el pueblo de Oaxaca haya tenido que proceder a construir sus propias instituciones de poder. En efecto, los maestros de la Sección 22 del SNTE, que fueron los que iniciaron el movimiento, abrieron un espacio horizontal para que se incorporaran las demás organizaciones descontentas del pueblo oaxaqueño. De esta manera, la APPO, que es una organización que trasciende ya los límites del sector magisterial, se ha convertido en una institución del pueblo, que no sólo sirve para darle una expresión organizada al movimiento, sino para construir un nuevo tipo de relaciones de poder, una nueva cultura del poder, nuevas prácticas en el ejercicio del poder democrático.
El gobierno federal ha quedado atrapado en otra de sus muchas inconsecuencias. Sabe que el conflicto de Oaxaca merece una atención inmediata, sobre todo para que no tenga que heredarlo Felipe Calderón, pero no se decide a aplicar la única solución que podría ser aceptada por el movimiento: la salida de Ulises Ruiz del gobierno estatal. El PRI y el propio gobernador han empeñado su palabra en el reconocimiento de Calderón como presidente, pero han exigido que a cambio se sostenga a Ulises Ruiz aún en contra de la voluntad del pueblo al que ya no puede gobernar. Es probable que en todo esto exista también un cálculo equivocado: creer que el conflicto de Oaxaca, como ha ocurrido con Chiapas, se pueda administrar convenientemente. Pero la APPO ha tomado la determinación de ir hasta la capital del país para exigirles al Senado y al gobierno federal que intervengan en favor de la demanda central del movimiento.
Toda esa indolencia que ha mostrado el gobierno federal ha terminado por poner en marcha un proceso de construcción desde abajo de poder dual, alternativo. Tenemos, así, dos poderes claramente delimitados: el poder establecido, que ha perdido toda legitimidad y cuya legalidad se encuentra también en entredicho, el cual representa sólo los intereses de quienes se proponen mantener un orden de privilegios para unos cuantos, por un lado; y el poder autónomo de las clases populares, que han empezado a construir sus propias instituciones democráticas, con una democracia de base, ampliamente participativa, con independencia de las instituciones oficiales que se encuentran en pleno derrumbe, por el otro. Oaxaca podría estar mostrando un camino inédito en el modo como la sociedad asume por sí misma, y para sí, la responsabilidad histórica de recuperar su soberanía a través de la construcción de formas propias para ejercer directamente el poder. Y es que quienes han detentado ese poder por delegación de facultades a través de las urnas han terminado por actuar en contra de los intereses legítimos de la población.
El movimiento popular de la APPO ha roto con el cerco que se le tenía impuesto desde el gobierno central. Se dirige ahora hasta la sede de los poderes federales establecidos para obligarlos a asumir una postura clara ante el país y ante el mundo. ¿Ante qué intereses responden realmente? ¿Son los poderes legales y legítimos que la sociedad mexicana necesita, o constituyen un poder hegemónico que sólo es el instrumento de otros poderes oscuros que no pueden ser los de las mayorías? La Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca es una institución que el movimiento se ha dado para anticipar el tipo de instituciones que le están haciendo falta a nuestro país: instituciones creadas desde abajo y para el servicio directo del pueblo. Las instituciones oficiales del Estado no han dejado de ser instrumentos del gobierno en turno que funcionan para sus propios intereses y no para el bienestar de toda la sociedad. De ahí la necesidad de impulsar una transformación a fondo, una reforma radical del Estado, para que las instituciones que surjan sean una nueva expresión de lo que realmente debe ser el poder: una nueva relación social, basada en la democracia de base, la democracia entre iguales, la democracia del poder popular.
El domingo pasado se produjo otra agresión violenta en contra de la APPO. En el momento en que una brigada móvil del movimiento se hacía presente en un hotel para constatar la presencia allí del gobernador Ulises Ruiz, decenas de policías vestidos de civil y cholos se arrojaron contra los militantes appistas y les dispararon. La agresión ha dejado como saldo algunos heridos y probablemente una desaparecida. Como están las cosas, con la caravana acortando distancia hacia la capital del país, estas acciones represivas no pueden sino leerse como síntomas graves de la desesperación en que ha caído el gobierno de aquel estado. La intención de sofocar al movimiento de esa manera se volverá a frustrar. Tampoco funcionarán los intentos de dividir al movimiento. Es ya un movimiento popular que ha rebasado incluso a su propia dirigencia. No hay manera de detenerlo sino con la salida del gobernador en cuestión y la reconstrucción democrática de las instituciones y las relaciones de poder en aquella entidad.