Los sistemas de mejoramiento productivo gubernamentales favorecen más a comercializadores
Genera la industria cultural en México mayores beneficios a intermediarios que a los creadores
Ninguna ley de fomento aborda la protección de los derechos de autor como detonante monetario
Consolidación de las Unidades
Económicas de la Cultura
La Ley Federal del Derecho de Autor reconoce como propiedad intelectual a las obras surgidas de distintas ramas del arte y la investigación, como la literatura, la música (con o sin letra), drama, danza, pintura o dibujo, escultura y creación plástica, caricatura e historieta, arquitectura, cinematografía y audiovisuales, programas de radio y televisión, programas computacionales, fotografía, y obras de arte aplicado que incluyen el diseño gráfico y textil, así como la compilación para consulta, ramas a las que se les reconoce como Industrias Protegidos por el Derecho de Autor (IPDA).
De ahí surgen también promotores independientes, solitarios o en grupo, que irremediablemente cruzan por un proceso que va desde la creación hasta la venta de la obra: creación o conceptualización, inversión o gestación, materialización o producción, distribución, comercialización final y apropiación o ejecución pública final, de donde surge un modelo productivo de forma piramidal en que perviven marcadas diferencias en lo que se refiere a la captación monetaria per cápita anual, según el tamaño y el giro de la empresa cultural en que se desenvuelve cada trabajador, pues en México resulta mucho más redituable ser un intermediario de arte o cultura que un creador.
Así, las microempresas culturales, base de la economía cultural mexicana, mantienen 180 mil 874 razones sociales que dan empleo directo a 689 mil 308 personas que ganan un promedio de 35 mil pesos anuales; las pequeñas empresas culturales, por su parte, son 5 mil 34, que ocupan a 289 mil 493 personas con ingresos anuales de 69 mil pesos en promedio.
Las empresas medianas, en número de 373, dan empleo a 159 mil 221 mexicanos con un sueldo anual de 58 mil pesos en promedio, mientras que las 186 grandes empresas culturales ocupan a 318 mil 442 individuos con ganancias promedio de 75 mil pesos anuales.
Como arriba se dijo, la diferencia en las ganancias percibidas por cada trabajador del sector cultural, y que son significativas si comparamos a las micro con las grandes empresas, no estriba en el tamaño de la empresa en que ofrece sus servicios, sino en el giro de la misma: en una investigación de campo, Piedras destaca que “la mayoría de las grandes empresas tienden a especializarse en la comunicación pública y en la comercialización de los productos y servicios, mientras que las empresas más pequeñas o microempresas, que además cuentan con menos remuneraciones y empleados, son las que se relacionan más estrechamente con la fase de creación e innovación culturales”.
La postura gubernamental
El sistema gubernamental mexicano contiene programas públicos de mejoramiento productivo que benefician más ampliamente a los comercializadores de un producto cultural que a sus creadores, lo que habla de un desequilibrio que es emblemático del sistema de promoción en la mayoría de los ámbitos políticos y económicos del país y en donde el mismo aparato gubernamental, al intervenir en el campo cultural, se ve beneficiado en lo monetario en detrimento de promotores independientes, como se percibe en el campo editorial, donde los escritores y editores reciben una remuneración inferior a la que existe en los niveles internacionales cuando suscriben convenios con el sector público, mientras que el gobierno, además de reservarse el derecho de regalías de las obras ganadoras en muchas de las convocatorias literarias que financia, tiene la capacidad de promover un mayor número de publicaciones propias, y a menor costo, en comparación con el sector privado.
Pese a eso, la inercia económica global tiende hacia una explotación de los rasgos identitarios de una comunidad específica, llámense tradiciones o manifestaciones artísticas, como fuente de divisas para esa misma comunidad, lo que constituye “una expresión básica de la era postindustrial que vivimos” según la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI), aunque en el caso de México, los factores de producción no materiales carecen de la misma atención que la producción industrial, por ejemplo, dentro del organigrama encargado de distribuir apoyos e incentivos a través de programas crediticios.
En entrevista con La Jornada Michoacán, el ya citado Ernesto Piedras Feria habló sobre una necesaria delimitación de funciones entre las dependencias relacionadas con la promoción de la cultura y el arte mexicanos, citando al Consejo Nacional para la Cultura y las Artes (CNCA), el Instituto Nacional de Bellas Artes (INBA) y la Secretaría de Educación Pública (SEP):
“Yo creo que más que duplicidad, llega al punto en que debe haber una definición; tenemos el caso, a nivel federal, de una Secretaría de Educación Pública en donde está imbuida la cultura pero no hay una subsecretaría de cultura y en el nombre no se deja ver la cultura, entonces, la definición estructural es Educación Pública, y ahí yo pensaría que conviene partirlo.
“En el caso del patrimonio y los flujos, quién debe atender la parte de patrimonio y quién la generación de flujo: tenemos ejemplos mundiales, ambos ejemplos exitosos: puede ser una sola autoridad, pueden ser autoridades vinculadas pero con vida propia, una cuestión a veces de figuras políticas a la cabeza pero también de definición estructural; lo que me preocupa es que nos sigamos deteniendo en ese tipo de discusiones cuando la agenda de una política cultural integral, transversal, debe ser mucho más compleja y va muy rápida, (es necesario) imprimir un sentido de urgencia a las acciones culturales en el futuro, esto es tan importante como las reglas del comercio, como las acciones de salud, de educación, no podemos quedarnos pasmados”.
El caso Michoacán
Los esfuerzos en materia legislativa para definir el papel de la cultura y las artes como elemento unificador de la identidad regional, así como sus procesos de promoción en bien de la economía, se centran en algunos debates que llegaron a convertirse en leyes de promoción cultural de alcance estatal, y son numerosas las entidades que cuentan con un documento legal que avale esa postura.
Sin embargo, el contenido de las leyes de promoción cultural en los estados del país que ya cuentan con una, se dividen sólo en tres ramas: la de protección de la cultura indígena local, aplicadas en entidades con población representativa de las etnias ancestrales; la de preservación del patrimonio cultural, principalmente el tangible, instrumentadas sobre todo en estados que cuentan con infraestructura industrial, como Baja California Norte (agosto de 1995), Nuevo León (diciembre de 1991), Coahuila (agosto de 2005) y Tamaulipas (enero de 2008); mientras que en la tercera categoría de leyes culturales se agrupan las que visualizan estrategias de fomento y comercialización del arte y la cultura urbana e indígena, como la de Sonora (enero de 2000), la de Michoacán (agosto de 2007) y una posible ley cultural en San Luis Potosí que aún se encuentra en debate.
En el caso de Michoacán, su ley de desarrollo cultural se considera como la primera del país que contempla la creación de un sistema de estudio, análisis y recomendación sobre el quehacer en la promoción de la cultura local, llamado Observatorio Cultural, y que aún se encuentra bajo debate público principalmente a través de los medios informativos (leer Paradojario en las ediciones de La Jornada Michoacán del 24 y 31 de diciembre de 2007, así como la sección de Cultura del 2 de enero de 2008).
Pese a eso, ninguna de las leyes estatales de fomento a la cultura que existen en México profundiza en la protección y explotación de los derechos de autor como detonante monetario de provecho colectivo; y aún más: la incorporación de herramientas electrónicas a la creación artística, principalmente en lo que se refiere a la música y las artes visuales, permiten una mayor difusión de las obras, aunque eso no se refleja en ganancias para el creador, sino para el intermediario como demuestran los estudios sobre empresas culturales mexicanas, con lo que la utilidad práctica de los derechos de autor aumentan su retraso cotidianamente con respecto a la realidad a pesar de que la OMPI reconoce esos derechos como “un componente esencial de las transacciones de comercio electrónico y de las transacciones digitales que se efectúan por millones cada día en el mundo”.
En lo que respecta a Michoacán, la violación a los derechos de autor en materia artística incluye, además de la falta de regalías, lo que podría considerarse técnicamente como un daño moral, pues como en entrevistas anteriores declararon creadores michoacanos, entre ellos el pintor Marco Antonio López Prado, el escritor José Luis Rodríguez Avalos o el músico Juan Alzate, el artista de cualquier vertiente, con formación académica o empírica, de procedencia urbana, campesina o indígena, es uno de los mayores atractivos para la generación de la principal fuente de recursos con que cuenta el estado después de las remesas de migrantes, el turismo, aunque el mayor porcentaje de las ganancias que surgen de esa industria lo obtienen los empresarios del ramo hotelero y gastronómico, mientras el artista michoacano, además de no ser reconocido en el organigrama de beneficiarios, aún lucha por mantener un lugar para él y su obra ante lo que considera un apoyo desigual por parte de la cúpula a favor del arte extranjero.
