La observancia de los derechos humanos se encuentra en crisis: Edgar Cortez
La Iniciativa Mérida vendría a incrementar las violaciones a las garantías individuales
La agenda de combate al narcotráfico se ha traducido en graves atentados contra la sociedad
La inminente aprobación de la Iniciativa Mérida vendría a incrementar las violaciones a las garantías individuales de parte del Ejército Mexicano en su lucha contra el narcotráfico y retrasaría por tiempo indefinido el retorno de las Fuerzas Armadas a sus cuarteles, señaló el secretario ejecutivo de la Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos, Edgar Cortez.
Durante la clausura del Primer Encuentro Estatal de las Organizaciones de la Sociedad Civil, el activista presentó una ponencia magistral respecto a la dinámica que ha llevado el tema de los derechos humanos en la agenda política nacional en los últimos cuatro sexenios, incluyendo al gobierno actual de Felipe Calderón.
Edgar Cortez destacó que en la actualidad la situación sobre la observancia de los derechos humanos está sumida en una crisis, toda vez que ha desaparecido de las prioridades del actual gobierno federal, esto debido a que la agenda de combate al narcotráfico no está acompañada por una estrategia de respecto a las garantías individuales, lo que se ha traducido en graves atentados contra la sociedad de parte del Ejército.
Desde la implementación de los operativos militares “hemos un número creciente de casos de violaciones a los derechos de las personas, que van desde las detenciones arbitrarias, tortura y hasta ejecuciones extrajudiciales, y donde la participación del Ejército no atiende los mecanismos institucionales para garantizar el respeto a los derechos, y la posibilidad de ejercer la justicia ante los abusos de las Fuerzas Armadas, esto debido a la opacidad de las normas con que se rige la Sedena”.
El secretario Ejecutivo de la Red Nacional de Derechos Humanos –la cual aglutina a la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos y el Centro Miguel Agustín Pro Juárez– consideró que “hay muchas denuncias de desapariciones forzadas que no son investigadas de manera rigurosa, ni por las procuradurías ni por las comisiones nacional y estatales de derechos humanos”, y que en muchos de los casos la persecución a las organizaciones sociales se esconde detrás del combate al narcotráfico.
“Decenas, muchas denuncias de de-sapariciones se han vuelto numeralia, pero no son casos específicos para la justicia, pues no determina qué pasó ahí; es una situación muy similar al enorme número de ejecuciones en el país. Lo que ocurre es que las desapariciones forzadas de personas no son investigadas de manera rigurosa. Hay enorme impunidad”.
Edgar Cortez destacó que estos casos de personas desaparecidas, como los de Oaxaca, del Ejército Popular Revolucionario, el ex guerrillero de Michoacán y los 38 petroleros de Nuevo León, se explican porque la justicia está en crisis. “Se trata de una institución (la Procuraduría General de la República) que lleva el recuento de los ejecutados y de las denuncias de desaparecidos, pero no garantiza que se investiguen”.
El secretario ejecutivo de la red Todos los Derechos para Todos abundó en la necesidad de insistir en las denuncias, porque hay una clara deficiencia de los organismos públicos en el caso de las investigaciones que realizan las comisiones nacional y estatales de derechos humanos; en muchas ocasiones les dicen a los familiares que “por no poderse determinar la participación de funcionarios o servidores públicos en los casos de desaparición, no pueden llevar a cabo la indagatoria respectiva”.
