72 horas
A partir de mañana miércoles da inicio a nivel nacional el paro de 72 horas del magisterio democrático. Es parte de la jornada de lucha que los mentores de varias secciones del SNTE han emprendido para rechazar de una manera tajante la Alianza por la Calidad de la Educación (ACE), documento que fue signado el 15 de mayo pasado por Felipe Calderón y Elba Esther Gordillo. Este pacto educativo entre el gobierno federal y la autodenominada “presidenta vitalicia” del SNTE pasó por encima de cualquier instancia que pudiera haberle dado legalidad y legitimidad. Es en realidad un convenio entre las partes para la aplicación unilateral de una política educativa que ha sido ordenada desde el extranjero y que está contaminada por la sangre oscura de ese espíritu neoliberal que tanto daño le hace al mundo.
La aplicación de la ACE ha generado una reacción generalizada de rechazo y de condena por parte de un gran número de maestros que crece por todo el país de una manera exponencial. En Morelos, por ejemplo, los docentes se encuentran en paro indefinido desde el 18 de agosto y las movilizaciones mantienen en vilo al estado, cuyo gobierno ha aceptado aplicar los lineamientos de competencia salvaje que contiene la ACE. En varias secciones que tradicionalmente eran sumisas a la Gordillo se ha producido una rebelión intensa y expansiva de las bases del magisterio. Como en su momento ocurrió con Oaxaca, en Morelos se está jugando en estos momentos el destino de una política educativa que se propone abrirle la puerta a la privatización. En Michoacán, la presencia vigorosa de la disidencia magisterial ha hecho que la ACE se detenga, aunque los funcionarios de la SEE admiten sin chistar la aplicación de algunos instrumentos que traen el espíritu discriminatorio, de exclusión, de la ACE, como la prueba Enlace.
Los maestros que se movilizan han vuelto a ser objeto de toda una campaña de desprestigio que se propone desvirtuar su lucha ante la sociedad y preparar el terreno para la represión. Lo mismo se hizo, por cierto, contra los estudiantes que hace 40 años se movilizaban en la ciudad de México en demanda de una apertura por la vía democrática del régimen de cerrazón que acabaría por masacrarlos el 2 de octubre de 1968 en la Plaza de Tlatelolco. El señalamiento más burdo que se les ha hecho es que lo que defienden está manchado por la corrupción, esto es, el privilegio de traspasar o vender la plaza como si fuese un patrimonio particular. Desde luego que no es ésa la causa que ha puesto en movimiento a cientos de miles en todo el país. Son los ejes centrales de la ACE lo que se pone como blanco de un cuestionamiento radical. Porque la ACE lo que se propone es acabar de tajo con las relaciones de contratación colectiva y con derechos fundamentales que han sido conquistados en la historia con grandes sacrificios por los trabajadores. Pero se propone también, al mismo tiempo, acabar con el enfoque solidario y formativo de la educación para sustituirlo por uno que sea afín al espíritu de libre competencia que rige en el mercado neoliberal.
Otra de las acusaciones que se arrojan sobre los mentores es que dejan abandonados a sus alumnos; que dejan las escuelas a merced de la intemperie y que no cumplen como debieran con su obligación laboral y su compromiso para con la sociedad. El problema es que no les han dejado otra salida. Si se quedaran en las escuelas, atrapados entre sus bardas perimetrales, cruzados de brazos, la imposición de la ACE se consumaría sin resistencia alguna. Los mentores se han visto, entonces, en una disyuntiva difícil: Cada vez es más extensa la convicción de que la ACE es un instrumento del Estado de derecha para abrirle un corredor al enfoque neoliberal. Que la escuela instruya a los alumnos sólo para el desarrollo de capacidades y competencias para la lucha salvaje, donde las oportunidades son sólo para unos cuantos. El deber de los maestros, entonces, es asumir en la práctica una defensa cerrada de la educación pública tal como se concibe en el espíritu y la letra del Artículo 3º Constitucional. Pero es obvio que el Estado no dará marcha atrás sólo con declaraciones. Los maestros han tenido que tomar los espacios públicos para ejercer una presión mayor sobre los privatizadores.
Es necesario, sin embargo, poner la cuestión sobre la mesa de análisis. No tanto para someterse a esa campaña mediática de linchamiento político y moral, sino para responder al clamor que poco a poco se empieza a sentir entre los padres de familia. No se puede concebir una estrategia de lucha de manera rígida, cerrada, inapelable. Toda estrategia responde a las circunstancias específicas del momento. Es de entender que los paros de labores no causan un efecto directo en el gobierno o las autoridades educativas. Realmente no les interesa tanto la formación de los hijos del pueblo. Los maestros han visto al paro como una medida que les permite salir a la calle y realizar las acciones de protesta y de presión que consideran pertinentes. Es posible, entonces, someter la estrategia del paro a una revisión crítica. Sobre todo el paro indefinido, que se encuentra en puerta.
Tampoco se trata de bajar los brazos, de arrojar la guardia al suelo y regresar a las escuelas a sentarse, a ver pasivamente cómo el Estado de derecha hace pedazos la Constitución en materia laboral y educativa frente a sus ojos; cómo los convierte en meros operarios de planes educativos que otros desde las cúpulas neoliberales diseñan para ellos. De lo que se trata es de transformar radicalmente la escuela en el proceso mismo de la lucha. Convertir la escuela en una verdadera comunidad escolar, una comunidad del conocimiento, con una organización democrática, con una misión específica que todos puedan compartir: la formación integral, humanista, solidaria, de todos y cada uno de los miembros; donde se ponga en contacto de una manera crítica con el conocimiento acumulado por la humanidad y donde se pueda producir conocimiento nuevo, sobre todo por lo que se refiere al contexto socio histórico y cultural de la localidad. Convertir la escuela en un campamento de los saberes más profundos y trascendentes del ser humano. Y desde este tipo de escuela vincularse productiva y educativamente con la comunidad social. Que la comunidad escolar tome en sus manos la escuela y la haga funcionar con un proyecto alternativo de educación.
De esta manera, no habría necesidad de dejar la escuela, de la misma manera que no se deja un campamento desde donde se analiza la realidad y se deciden las acciones más apropiadas para transformarla. El magisterio tiene una ventaja de la que carecen otros sindicatos y organizaciones sociales. Es tan numeroso que basta con que un porcentaje minoritario –digamos un 10%, que desde luego sería rotativo- se movilice en las acciones para mantener la lucha en un punto álgido. No habría necesidad de suspender las labores docentes, ni las otras funciones que la comunidad escolar fuera construyendo en el camino. Y cuando fuera necesario hacer alguna acción masiva contundente, entonces nadie vería mal que los cientos de miles de docentes, acompañados seguramente por los padres de familia y en ciertos casos hasta por sus alumnos, salieran a la calle a hacer una defensa contundente de la educación pública,
