Pugnan radios comunitarias por derecho a la libertad de expresión
Tras el desmantelamiento de la radio comunitaria Eiámpiti, perpetrado por elementos de la Agencia Federal de Investigación (AFI) el pasado sábado en San Juan Nuevo Parangaricutiro, la Organización de Radios Comunitarias del Estado de Michoacán (Orcem) pretende superar las divisiones provocadas por las dependencias de gobierno y reagruparse con el objetivo de proponer al Congreso del Estado una propuesta de reforma constitucional que encuentre eco en el Congreso de la Unión, donde se encuentra congelada una propuesta que esencialmente pugna por el reconocimiento del carácter y naturaleza de las radios comunitarias en el país.
José Valencia Oseguera, presidente de la asociación civil que dirige la Radio Uandárhi de Uruapan y presidente de la Orcem, relató que el sábado 24 de enero elementos de la AFI y funcionarios de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes desplegaron un exagerado operativo en las instalaciones del Ayuntamiento de San Juan Nuevo Parangaricutiro que sirven de sede a la radio comunitaria Eiámpiti. La manifestación de fuerza, señala, hizo creer a los vecinos que se trataba de una movilización dirigida a la aprehensión de unos criminales.
“Cuando se dieron cuenta los jóvenes que participan en la radio se mostraron muy serenos y se presentaron para ser informados de lo que sucedía. Nunca mostraron una resistencia a la visita oficial y abrieron el espacio de tres metros por cuatro donde ellos venían desarrollando sus actividades radiofónicas”, comentó Valencia Oseguera y puntualizó que la AFI incautó la antena, un pequeño transmisor que fue construido en Michoacán, la mezcladora, una computadora, los micrófonos y reproductores de discos compactos.
En un documento entregado por las autoridades federales a la asociación civil que dirige la radio comunitaria, se específica que el equipo confiscado será reintegrado únicamente en el caso de que se compruebe que se inició el trámite o que se encuentra en proceso la obtención del permiso de transmisión. Dicho requisito lo cumple la Radio Eiámpiti, ya que como explicó José Valencia, en el año 2000 la propia Xóchitl Gálvez, entonces Comisionada Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, entregó un oficio firmado por el presidente Vicente Fox para allanar el camino hacia la obtención del permiso de transmisión, además de que existen solicitudes emitidas por diversos alcaldes a la SCT con el mismo fin.
Dichos documentos serán presentados hoy a la SCT, además de que el pasado martes los dirigentes de la radio comunitaria sostuvieron una reunión con el alcalde y cabildo de San Juan Nuevo, en la que los funcionarios municipales cuestionaron los fundamentos sobre los cuales se crean las radios comunitarias. Al respecto manifestó José Valencia: “les dijimos que se sustentan en el derecho universal de la libertad de expresión y comunicación. Además, el artículo segundo constitucional posibilita que las comunidades indígenas vayan construyendo sus medios de comunicación, lo mismo que el artículo 27. Los medios de comunicación comercial no han prestado atención al fortalecimiento de nuestros valores culturales y no han apuntalado los servicio educativos como lo hacen las radios comunitarias”. Finalmente, los funcionarios reconocieron que estas radios contribuyen en mucho a la difusión de los programas y proyectos de gobierno entre la población.
El acoso de las fuerzas del Estado a las radios comunitarias en el país ha sido una tendencia constante que se ha recrudecido bajo los gobiernos panistas, aunque Valencia Oseguera señala que incluso durante la gestión de Leonel Godoy Rangel como secretario de Gobierno (1985-1986), se le planteó a éste la situación de las radios comunitarias, no obstante, las autoridades federales arremetieron contra las radios de Tangamandapio, Tangancícuaro y San Juan Nuevo.
José Valencia lamentó que las radios comunitarias sean reprobadas con adjetivos como el de “piratas”, que implica una transgresión de las normas: “finalmente somos ciudadanos que no cometemos un delito, al contrario, participamos en la democratización de los medios de comunicación”.
Lamentablemente, el desmantelamiento de Radio Eiámpiti se efectuó en un momento en que la Organización de Radios Comunitarias del Estado de Michoacán se encuentra debilitada a causa de las acciones de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (CDI), que bajo la dirección de Xóchitl Gálvez, dividió a las radios comunitarias en el estado.
“Allá por el año 2003, en una asamblea en Tangancícuaro en la que participaron las radios comunitarias de Ocumicho, Tangancícuaro, Uruapan, Zacán, Huecorio, Tingambato y Tangamandapio, un acuerdo fue que solicitáramos a Xóchitl Gálvez que nos respaldara para obtener los permisos de transmisión porque al gobierno mexicano se le solicitó que resolviera un problema de violentación de derechos humanos en la radios comunitarias. Cuando AMARC (Asociación Mundial de Radios Comunitarias) México negociaba con el gobierno, Gálvez manipuló y jaló tres permisos para la CDI, pero nosotros teníamos claro que queríamos los permisos para organizaciones civiles. Zacán, Huecorio y Tingambato aceptaron esos permisos que la CDI les presta en comodato de forma absurda, con cláusulas que debían cumplir como el no juntarse con nosotros. Ahí se fracturó la Orcem”, puntualizó Valencia Oseguera.
Frente al hostigamiento que sufren las radios comunitarias en el país y que ha llegado a resultados trágicos como en Oaxaca, José Valencia considera que la mejor alternativa de luchar por el reconocimiento de las radios comunitarias es la vía legal, en razón de ello considera fundamental la reagrupación de la Orcem, “para iniciar el proceso legal de reconocimiento de nuestro trabajo y ser reconocidos en la nueva reforma que no se ha querido discutir en el Congreso de la Unión. En esa iniciativa el planteamiento central es el reconocimiento legal del carácter y naturaleza de las radios comunitarias, incluso hay algunos reglamentos para extender permisos a grupos sociales, por eso creemos que la iniciativa de ley allanaría mucho el camino de las radios que ya están trabajando sin permiso”.
Esa nueva cruzada en el ámbito legislativo que proyecta la Orcem se dará de abajo hacia arriba, según afirma su presidente, por ello se iniciará por proponer “al Congreso del Estado que la Constitución de Michoacán contemple que los ciudadanos y municipios puedan hacer propuestas de ley”.
