Encañonaron a dos locutoras y allanaron viviendas; durante el operativo una mujer abortó
Desmantela AFI con violencia estación de radio comunitaria en Charapan
A María Luisa y Verónica Elías les taparon la boca, luego las encañonaron, las golpearon y por último las amenazaron con dispararles si no guardaban silencio. Eran alrededor de un centenar de hombres armados, cuenta uno de los testigos, muchos de ellos encapuchados que después allanaron las viviendas circundantes en la comunidad de Charapan, donde “asustaron a las señoras y compañeras” hasta que una de ellas, embarazada, abortó; a pesar de eso, el operativo se consideró exitoso: la Agencia Federal de Investigaciones (AFI) logró el desmantelamiento de la radio comunitaria Uékakua (La Preferida) en esa comunidad michoacana de 300 habitantes.
Esteban Cruz Rojas, uno de los activistas radiofónicos del poblado, repite el mismo calificativo dos veces durante la entrevista, “son chingaderas”, al referirse al proceso por el que las fuerzas del orden se apoderaron de dos reproductores de disco compacto, uno de casette, un micrófono, una mezcladora de seis canales “ya usadita que nos costó 500 pesos”, una radio que servía de monitor, una computadora con valor de 5 mil pesos adquirida con aportaciones de los habitantes, aunque los uniformados no se llevaron la antena de transmisión, “no’más la cortaron”.
El operativo policial en Charapan ocurrido el pasado 29 de enero tiene el mismo fundamento que el que se presentó pocos días antes, el 24 del mismo mes, en San Juan Nuevo Purenchécuaro: la falta de autorización por parte de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), aunque en el caso de Charapan, la violencia en el operativo rebasó los límites cuando las locutoras fueron amordazadas para impedir que pidieran auxilio a los radioescuchas, según declaraciones de Cruz Rojas, antes de ser encañonadas y golpeadas.
Radio Uékakua cumplió recién siete años al aire en el 104.5 de FM, con un alcance aproximado de tres kilómetros a la redonda, lo suficiente para comunicarse con la población de ascendencia purépecha que compone el poblado.
“Cuando se hace obra de la comunidad, pavimentación, agua potable, se hacía (la convocatoria) a través de la radio para no estar molestando con las bocinas” que se utilizaban anteriormente, explicó el responsable de la estación, aunque con el tiempo ese servicio se extendió también a la labor realizada por una orden de religiosas: “se hizo un proyecto con religiosas de la región para tener un comedor para niños; en ese proyecto los niños tienen padrinos que ayudan económicamente y tienen que contestar (cartas que les envían sus mecenas). A través de la estación se tenía que llamar al papá del niño para contestar la carta”.
Aunque en el caso de la estación Eiámpiti, en San Juan Nuevo, existe un trámite para obtener el permiso de transmisión ante la SCT, lo que posibilita que el equipo requisado regrese a la población, la situación de Charapan es distinta, pues ese requisito nunca se gestionó, ya que como afirma la fuente, el veredicto de especialistas provenientes de Morelia y la utilización social de la onda radiofónica hicieron pensar a los pobladores que no era necesaria esa diligencia: “los ingenieros nada más nos pidieron que no le diéramos más potencia a la señal para no molestar a otras estaciones. No tenemos trámites porque son muy difíciles, piden (en la SCT) una asociación civil, no sabíamos de qué manera hacerla y además por los recursos económicos”.
En cuanto al fundamento legal del decomiso, Esteban Cruz afirma que dialogó con los elementos en medio del zafarrancho: “traían una orden, pero no estaba firmada, sólo eran unas hojas haciendo el parapeto; aquí la gente también se molesta, porque de acuerdo con los usos y costumbres debieron llegar primero con el jefe de tenencia o con el representante de Bienes Comunales, o llegar a la cabecera municipal, pero no”.
Junto a eso, Esteban Cruz cuenta con un razonamiento que es lapidario contra la AFI: “hay personas que venden droga, pero no las han detenido, públicamente hicimos la denuncia, pero a ellos no los detienen y a nosotros nos trataron como criminales”, y bajo esa premisa, la comunidad de Charapan encontró una explicación lógica sobre los allanamientos, los golpes, las mordazas, los robos y el aborto de una mujer producto de la presencia de la AFI en su territorio: “nos atacaron, nos robaron el equipo porque somos indígenas”, aunque también advirtieron, por voz de Cruz Rojas, que “la comunidad va a conseguir otro transmisor y vamos a pedirle a usted (al reportero) que entonces venga y que platique con todos porque son chingaderas las que nos hicieron. Cómo a las otras (emisoras comerciales) sí les dan permiso y a nosotros que somos indígenas no, parece que siempre vienen contra nosotros”.
En torno a este hecho, la comunidad de Charapan presentará una denuncia legal en el municipio de Uruapan, aunque antes deberá esperar a que terminen las festividades de La Candelaria para no romper su calenda ritual; sin embargo, las esperanzas de recuperar el equipo sustraído no son muchas, pues “(los elementos) dijeron que preguntáramos en (la ciudad de) México para recuperar los aparatos, pero no dijeron dónde ni con quién, (nos dijo) uno que dio la cara: bigotón, alto, gordo, fue el que dijo que preguntáramos allá en México”.
La única buena noticia de todo esto es que la mujer que cayó en prematura labor de parto “tuvo al niño y quedó bien, hicimos una cooperación por parte de la comunidad para pagar los gastos en Tangancícuaro”.
