Estamos obligados a garantizar las condiciones de seguridad de la mujer: Portillo
La ley antiaborto que proponen los panistas viola convenios internacionales
Hay un compromiso con la CIDH para establecer medidas de prevención y atención en caso de legrado
La denominada ley antiaborto promovida en el Congreso del Estado por la bancada panista, es violatoria de los convenios internacionales que ha suscrito México y contraviene los apremios globales que ha recibido el país en materia de derechos de la mujer, indicó la titular de la Secretaría de la Mujer, Cristina Portillo Ayala.
Según los acuerdos signados, el país no sólo no puede suspender la acción del aborto en los casos ya aprobados, sino que debe armonizar sus legislaciones estatal y federal para garantizar condiciones de seguridad a las mujeres que se practiquen un legrado.
En el año 2006, el gobierno mexicano firmó un convenio con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para garantizar que existan medidas de prevención y atención médica en los casos de aborto legal.
Asimismo, México ratificó la Convención para la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW, por sus siglas en inglés) hace 25 años.
En el artículo 12 del documento de la convención se especifica que “los Estados partes adoptarán todas las medidas apropiadas para eliminar la discriminación contra la mujer en la esfera de la atención médica a fin de asegurar, en condiciones de igualdad entre hombres y mujeres, el acceso a servicios de atención médica, inclusive los que se refieren a la planificación de la familia”.
Al respecto de este acuerdo, el Comité de las Naciones Unidas –que da seguimiento a la aplicación de la CEDAW– desde el año 2002 ha emitido recomendaciones al país por los rezagos que presenta en dicho convenio.
En aquel año, en el punto 36 de la evaluación el Comité manifestó “su preocupación por la alta tasa de mortalidad derivada de la maternidad, en especial en aquellos casos derivados de abortos clandestinos y la insuficiente accesibilidad y oferta de todos los métodos anticonceptivos, especialmente entre las mujeres pobres”.
En la recomendación del comité emitida en el año 2006, se reiteró la preocupación de los índices de mortalidad materna, particularmente los de las mujeres indígenas. El comité determinó el escenario como “una consecuencia de la insuficiente cobertura y acceso a los servicios de salud, incluyendo la salud sexual y reproductiva”.
Se subrayó en el informe que a pesar de la legalización del aborto en casos específicos, las mujeres no tienen acceso a servicios de aborto seguros, ni a una gran variedad de medidas anticonceptivas, incluyendo la anticoncepción de emergencia.
En esta evaluación de 2006, la ONU instó al Estado a extender la cobertura de los servicios de salud, además exige que armonice su legislación relativa al aborto a los niveles federal y estatal.
En el artículo 33 de este documento, el comité también urge al Estado para que ponga en marcha una estrategia integral que “deberá incluir medidas para garantizar el acceso efectivo a abortos seguros y una amplia oferta de medidas anticonceptivas, incluyendo la anticoncepción de emergencia, campañas de difusión y sensibilización acerca de los riesgos de los abortos inseguros”.
Debido a la clandestinidad con que se realizan, no existe una estadística formal sobre el número de abortos. No obstante, existe un subrregistro.
De conformidad con el Instituto Alan Guttmacher, el investigador Raúl López García y las estimaciones del Consejo Nacional de Población (Conapo), en México se realizan 273 abortos por día, uno cada 7.5 minutos en promedio, y en más de 90 por ciento en condiciones de riesgo ante la falta de una política pública.
Posicionamiento SMujer
“Estamos haciendo caso omiso a las recomendaciones desde el año 2002 ante un problema de salud pública. ¿Para qué firma México tratados internacionales que no coinciden con las acciones políticas del partido en el poder”, cuestionó Portillo Ayala.
Ante la iniciativa del diputado Francisco Morelos Borja, que propone impedir las diferentes causales del aborto, la funcionaria estatal indicó que la secretaría a su cargo “trabajará por el reconocimiento de los derechos humanos, sexuales y reproductivos de las mujeres”.
“No podemos estar sujetas al conservadurismo que solamente lleva a la muerte de mujeres. Es tarea del Estado garantizar que la población tenga acceso a esta atención”, afirmó.
Asimismo, advirtió que de aprobarse la iniciativa, como en Puebla, Chihuahua, Baja California, Sonora y Jalisco, se imposibilitaría jurídicamente una reforma que despenalizara el aborto en Michoacán.
