Mirador Político
◗ Seguridad, preguntas sin resolver
Todavía ayer domingo se podía leer en la página web de la Secretaría de Seguridad Pública, en el boletín número 486 que da cuenta de la detención de una banda de secuestradores –al parecer una célula de la celebérrima Familia–, el siguiente párrafo: “José Trinidad Padilla Aranda, alias El Comandante Padilla, de 38 años de edad, originario de Morelia, Michoacán, de escolaridad pasante de Derecho, de ocupación encargado de protección ciudadana dentro de la SSP del estado de Michoacán. Su presunta función dentro de la organización era ser halcón (vigilante)”.
Se trata de una vuelta de tuerca a esa guerra de baja intensidad que sostiene el gobierno federal, y solamente él, para con la administración michoacana. Porque el susodicho delincuente nunca trabajó en las filas de la dependencia estatal, ni mucho menos es el encargado de la protección ciudadana. Eso se puede comprobar con un simple examen de la página de la Secretaría local.
No podemos pensar que se trata de una equivocación. Precisamente Michoacán salió bien evaluado su estructura de Control de Confianza. La misma Secretaría de Seguridad Pública federal lo hizo público.
¿Por qué entonces la agresión? La dependencia estatal hizo la aclaración pertinente pero, insistimos, no hay voluntad de la SSP propiedad de Genaro García Luna de corregir.
¿Qué es lo que sucede en ese enclave que parece tan importante para el señor Calderón Hinojosa? Hay evidencias de que son muchas las vías de acceso para aquello que tanto le preocupa al Presidente: la infiltración del narcotráfico en las esferas de gobierno y representación pública. Porque mientras busca culpables incluso en las estructuras territoriales de un partido –el PRI–, deja hacer y deja pasar en esta incómoda dependencia.
¿Por qué no preocupa al señor Calderón Hinojosa el asesinato de Édgar Enrique Bayardo del Villar, su testigo protegido estrella y al cual, pese a su hoja de vida delincuencial, se le dio trato de privilegio? ¿Era ya un estorbo de tal manera que se permitió que un cártel supiera el santo y seña de su ubicación, que llegara al Starbuck donde tomaba café y tranquilamente lo acribillara?
En un Mirador anterior anoté cómo este testigo recibió 50 mil pesos mensuales como… ¿salario, compensación? Y cómo le fueron devueltas sus propiedades obtenidas al amparo de una carrera delictiva que pasó, precisamente, por el servicio público en Tlaxcala, Puebla y la SSP, cuando estaba a cargo de quien después sería nombrado titular de la PGR, Eduardo Medina Mora, ni más ni menos, hoy embajador en Londres.
Bayardo del Villar cobraba al cártel de Sinaloa 25 mil dólares mensuales como funcionario de la dependencia, hoy juguete de Genaro García Luna. Y no sólo eso: los jefes de la organización del Mayo Zambada tuvieron que desembolsar alrededor de 500 mil dólares para poder solventar su meteórica carrera dentro de esa secretaría. Eso es lo que se sabe.
El siempre impecable periodista Carlos Puig se hace varias preguntas oportunas, en un artículo publicado en estos días: “¿Cuándo explicará Eduardo Medina Mora, hoy embajador en Londres, por qué lo contrató en 2006? ¿Por qué decidió no acusarlo de nada cuando el mismo Bayardo confesó su colaboración con los Zambada? ¿Quién en la SIEDO traicionó y pasó a los sicarios la localización de Bayardo? ¿Cuándo la DEA va a confesar sus tratos con Bayardo? ¿Qué pasa con los hoy presos acusados por el testimonio de Bayardo?
“¿Quién gana con la muerte de Édgar Enrique Bayardo, abogado, funcionario, asesor, delincuente confeso, testigo y hombre protegido y consentido?”.
Todos estos vaivenes pueden ser la causa de que no prospere la propuesta de una policía nacional única, al mando de García Luna. Sería tanto como poner la Iglesia católica en manos de Lutero. El diario Reforma, en su edición del domingo, informa que más de la mitad de los gobernadores del país se resiste al proyecto del Presidente y de García Luna. El diario les preguntó directamente a los ejecutivos.
También solicitó a García Luna explicar el proyecto. La idea es desaparecer las 2 mil 22 policías municipales que operan en el país, y concentrarlas en 31 cuerpos estatales siguiendo un modelo similar al de la policía del Distrito Federal. Además, existiría la Policía Federal.
No suena mal, siempre y cuando se limpiara la dependencia que permite contratar hampones como testigos y después los abandona a su suerte. No habría autoridad moral para que el gobierno federal encabezara un proyecto de tan importante naturaleza…
