Enrique Bautista Villegas Hace poco más de un año, el 15 de abril de 2011 para ser exactos, los integrantes de la comunidad indígena

El movimiento de la comunidad de Cherán por la defensa de sus derechos comunales, cívicos, humanos y políticos ha adquirido ya celebridad tanto a nivel local como nacional e internacional. En la imagen, comuneros y familiares despiden a una de las víctimas del enfrentamiento la semana pasada ■ Foto Agustín Ruiz
Enrique Bautista Villegas
Hace poco más de un año, el 15 de abril de 2011 para ser exactos, los integrantes de la comunidad indígena de Cherán, del municipio del mismo nombre, iniciaron un movimiento cívico-político en defensa de sus recursos naturales, sus derechos comunales y por el reconocimiento legal a designar, por el principio de los usos y costumbres, a sus autoridades políticas.
El movimiento iniciado por los cheranenses responde a una lógica impecable y quien intente cuestionarlo arguyendo que padece de ilegalidad está totalmente equivocado. En primer lugar, valga señalar que la decisión de los miembros de la comunidad de Cherán de cerrar los accesos carreteros a la cabecera municipal el 15 de abril de 2011 se dieron a partir del hecho de que por esas vías circulaban con lujo de impunidad vehículos cargados de madera clandestina, extraída ilegalmente de los bosques de Cherán y sus comunidades vecinas; que estos hechos habían sido sistemáticamente denunciados por los representantes comunales ante las autoridades policiacas y políticas de los diferentes niveles de gobierno, y poco o nada se había hecho para detenerlos.
En ese contexto es que se da la decisión de los integrantes de la comunidad de parar de tajo la tala ilegal y asumir una negociación bilateral con las autoridades de los gobiernos estatal y federal, presionando sí, con el cierre de las vías de comunicación, que además de cruzar la cabecera municipal forman parte del eje carretero nacional que comunica al Puerto de Lázaro Cárdenas y a la ciudad de Uruapan con el Occidente del país.
Ciertamente la decisión de los cheranenses se llevó entre las patas no sólo a los taladores y transportistas de madera clandestina, también a muchos otros que se dedican a actividades económicas lícitas y a ciudadanos comunes y que circulan por esas carreteras. Sin embargo, no tuvieron otra alternativa para hacerse escuchar.
El movimiento de la comunidad de Cherán por la defensa de sus derechos comunales, cívicos, humanos y políticos, ha adquirido ya celebridad tanto a nivel local como nacional, y aún internacional, por los logros alcanzados hasta ahora y por la fortaleza en la defensa de sus demandas. Los cheranenses han dado muestras de no estar dispuestos a negociar sus principios, aun con los riesgos que esto ha significado para la integridad física de sus integrantes.
Su lucha por lo demás, ya ha dado resultados: primero, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación reconociera el derecho a la protección de los derechos político-electorales de los habitantes del municipio; esto es, a elegir a sus autoridades políticas por el principio de usos y costumbres si la mayoría de sus habitantes así lo determinaba, como a la postre sucedió en consulta pública, avalada por el Instituto Electoral de Michoacán, y celebrada el 29 de diciembre de 2011, y segundo, en la elección del Concejo Municipal (Concejo Mayor) por el principio de usos y costumbres, celebrada a partir del decreto legislativo del Congreso del Estado de Michoacán el 22 de enero del año actual.
Sin lugar a dudas el reconocimiento del derecho de los cheranenses a designar a sus autoridades municipales por el principio de usos y costumbres sentará un precedente importante para los pueblos indígenas de Michoacán y de otras partes del país.
Sin embargo, los avances logrados en materia de derechos políticos por los habitantes de Cherán no resuelven el otro tema fundamental de su lucha, que es la misma que defiende la mayor parte de los habitantes de las comunidades indígenas de Michoacán y de otras partes del país: la del respeto a sus recursos naturales y a su medio ambiente, principalmente los bosques en el caso de los pueblos purépechas.
El tema de los aprovechamientos forestales y de la tala clandestina es preocupación no sólo de los dueños del recurso y de los ambientalistas, sino de toda la población del país, ya que de la existencia de los bosques, de su aprovechamiento sustentable y de su recuperación –donde ha sido sobreexplotado– dependen, además de la situación económica de los habitantes de las regiones boscosas, el futuro de sus hijos y nietos, de las siguientes generaciones.
La actividad forestal en nuestro país está regulada por la legislación federal, y aun cuando hoy se ha reconocido la necesidad de la concurrencia de los diferentes niveles de gobierno para atender los delitos federales, debe señalarse que la mayor responsabilidad de regularla y prevenir la deforestación clandestina corresponde al gobierno federal.
La tala clandestina, actividad desde cualquier perspectiva reprobable, es en mucho el resultado de la presencia de grupos delincuenciales organizados en las regiones boscosas del país que promueven y estimulan el desmonte de zonas ilegal, pero también es el resultado del hambre y la falta de alternativas de empleo digno y bien remunerado para quienes se constituyen en instrumentadores de la tala ilegal.
Este fenómeno es una clara muestra de la incapacidad de las últimas administraciones del gobierno federal para atender las necesidades de empleo en zonas pobres y marginadas, como es el caso de la Meseta Purépecha, la Tarahumara, la zona de la Montaña en Guerrero, y muchas otras regiones en Chiapas, Oaxaca, Puebla, Nayarit, San Luis Potosí, Durango y prácticamente todo el país.
Es, en consecuencia, indispensable que se genere un verdadero acuerdo de concurrencia y trabajo efectivo entre los diferentes niveles de gobierno para enfrentar la delincuencia organizada con operativos policiacos, pero también para generar las condiciones, mecanismos e inversión pública que estimulen la generación de empleo y las alternativas productivas que tanto se requieren para responder a las demandas básicas de la población.
Eso es lo que demanda Cherán, eso es lo que demandan los pueblos indígenas, las regiones marginadas y los campesinos olvidados a lo largo y ancho del país.
Mientras este requerimiento no se atienda, el riesgo de incidentes entre propietarios del bosque y delincuentes ligados a la tala clandestina, como el escenificado de nueva cuenta en Cherán el pasado miércoles 18, seguirán latentes.
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