ONG proponen instalar mesas de diálogo entre la CUL, rectoría y el gobierno de Vallejo Figueroa

Es obligación de la administración estatal apoyar a jóvenes de escasos recursos: Martínez Carlos F. Márquez Con el propósito de encontrar una salida al

Es obligación de la administración estatal apoyar a jóvenes de escasos recursos: Martínez

Carlos F. Márquez

Con el propósito de encontrar una salida al conflicto con los albergues estudiantiles, grupos de la sociedad civil proponen la instalación de mesas de diálogo entre integrantes de la Coordinadora de Universitarios en Lucha (CUL), la rectoría de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo (UMSNH) y el gobierno del estado, “y al parecer los muchachos están de acuerdo”, señaló Citlali Martínez Cervantes, interlocutora entre  el Colectivo de Organizaciones Michoacanas Pro Derechos Humanos y moradores de las casas del estudiante.

En calidad de presidenta de la Fundación Ramón Martínez Ocaranza, subrayó que respaldan el movimiento de los estudiantes en demanda de que sean liberados los 13 jóvenes que fueron ingresados al penal de Mil Cumbres y en su defensa por la permanencia de los albergues que, puntualizó, reciben principalmente a personas de bajos recursos provenientes de las comunidades indígenas de Michoacán y otros procedentes de Guerrero, Oaxaca y Chiapas que “son los estados más pobres del país”.

La solidaridad con otros estados, incluso con otros países, es una tradición que ha caracterizado a la universidad nicolaíta, puntualizó Citlali Martínez y reprobó las declaraciones del gobernador Fausto Vallejo Figueroa  en relación a que los estudiantes procedentes de otros estados quitan oportunidades a los michoacanos, toda vez que “no se les están dando dádivas, pues es obligación del estado apoyar a jóvenes de escasos recursos para que continúen con sus estudios”.

Coincidió con otras voces que apuntan a que las casas del estudiante deben reestructurarse y revisarse sus reglamentos internos; sin embargo, enfatizó que ese proceso le corresponde a las autoridades universitarias y a los moradores de los albergues: “el  gobierno del estado nada tiene que ver ahí”, sentenció.

Citlali Martínez tiene amplia experiencia en los movimientos estudiantiles, toda vez que participó activamente en las movilizaciones de 1966 y posteriormente en 1968; incluso, su padre, el poeta Ramón Martínez Ocaranza, fue preso político en consecuencia de su activismo a favor de la causa de los estudiantes.

Recordó que en 1966, “cuando se dio la represión por parte del gobernador Agustín Arriaga Rivera fueron clausuradas todas las casas del estudiante que había en ese momento, igual que otros espacios universitarios como las secundarias varonil y femenil, y la facultad de altos estudios; sin embargo, en 1968 surge la Casa Nicolaita y en los siguientes años grupos de estudiantes van tomando espacios para crear más casas hasta que surge la CUL para aglutinar a todos los albergues en su seno; pero como todos sabemos, la CUL es un organismo que al pasar el tiempo empezó a ser muy infiltrada y manipulada por intereses políticos ajenos a la universidad”.

Lamentó que después de los operativos policiacos del sábado pasado desde el gobierno del estado se satanice a los estudiantes, cuando “fueron los propios gobiernos priístas los que empezaron a manipular a las casas del estudiante en razón de sus intereses políticos”.

Añadió que la rectoría y las autoridades universitarias también han sido cómplices de la manipulación de las casas del estudiante y criticó al rector Salvador Jara Guerrero por “hacerse cómplice de la represión del pasado sábado y, además, en una actitud muy vergonzosa presidió una conferencia de prensa junto con los secretarios de Gobierno y Seguridad Pública”.

Por último, Citlali Martínez reiteró que acompañarán a los estudiantes en su lucha por la liberación de los 13 consignados y en los esfuerzos porque se sancionen las violaciones a los derechos humanos en que incurrió el gobierno de Vallejo Figueroa.