Necesario instaurar una era de moralidad política

Daniel Márquez Melgoza Desde que supuestamente ganaron la elección presidencial, no he visto una cara de priísta con ánimo festivo. Por el contrario, lo

Daniel Márquez Melgoza

Desde que supuestamente ganaron la elección presidencial, no he visto una cara de priísta con ánimo festivo. Por el contrario, lo que dejan ver pantallas electrónicas y páginas de periódicos y revistas, son caras largas, de preocupación, como de alguien que temiera lo peor de un momento a otro: que se descubran algunos de los principales rastros dejados por la operación de fraude electoral. Y vaya que sí han venido aflorando rastros y más rastros dejados por operadores políticos que olvidaron que estos son otros tiempos, no aquellos “gloriosos” tiempos en que el control de la información era casi absoluto. Ahora hasta la información más confidencial se puede colar a la superficie pública.

Recién, el candidato Enrique Peña Nieto tuvo una encerrona con los gobernadores priístas en funciones y electos; lo que se sabe de ella es por el comunicado de prensa que circuló el tricolor. La foto distribuida muestra caras serias y preocupadas. Según el comunicado, los gobernadores acudieron a apoyar la decisión del candidato presidencial de impulsar varias importantes iniciativas, entre otras, destacó la de crear una Comisión Nacional Anticorrupción (La Jornada, 9/08/2012)

Cuando leí esa nota no pude menos que soltar una sonora carcajada. Me explico, para hacer entendible mi instintiva reacción: acababa de leer el reportaje de Rosalía Vergara en Proceso: “La cuenta mágina” (no. 1866, 8/08/2012), en el que de manera pormenorizada exhibe la triangulación multimillonaria de recursos públicos que realizó el equipo del candidato Peña Nieto a través de una cuenta de Scotiabank del gobierno del estado de México, manejada de una forma por demás irregular; de una cuenta de Bancomer, también del gobierno mexiquense, se trasladaban recursos millonarios a la de Scotiabank; así se triangularon más de ocho mil millones de pesos durante los álgidos meses electorales de febrero a junio, ‘en depósitos de hasta más de doscientos millones de pesos, el que más, cantidades que eran retiradas en efectivo el mismo día en que fueron depositadas’. (Es cosa de imaginar la logística que se habrá puesto en práctica para cargar tanto billete: el espectáculo del “señor de las ligas”, René Bejarano, al que tanto revuelo mediático se le hizo, ha terminado en ser chiste de niños. No habría que perder la esperanza de que alguna cámara de video de Scotiabank haya registrado tan aleccionador trasiego de dinero en efectivo).

Ahonda en lo anterior el analista Luis Linares Zapata (Jornada, 8/08/2012), quien se pregunta sobre el papel supuestamente fiscalizador que tendrían que haber cumplido instancias bancarias y de gobierno, como la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, la PRG, el CISEN, y la Comisión Bancaria y de Valores.

Ya es célebre la nulidad de la elección municipal de Morelia a causa del logotipo del  PRI en el calzón del boxeador Juan Manuel Márquez en su pelea contra Manny Pacquiao la víspera de la elección del 11 de noviembre de 2011, transmitida por televisión. Para la sala regional del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, esa causal esgrimida por el PAN fue poderosa y suficiente para echar abajo el triunfo del candidato priísta Wilfrido Lázaro Medina. Con ese antecedente, cualquier ciudadano puede sopesar esa causal con el montón de irregularidades e ilícitos de todos los tamaños en que incurrió el PRI y su candidato presidencial Enrique Peña Nieto, y creer que no hay comparación entre una y otras en cuanto al impacto negativo causado en términos electorales. Por tanto, si nos atuviéramos a la lógica, la respuesta del TEPJF a la solicitud del Movimiento Progresista de invalidez de la elección presidencial sería un hecho largamente anunciado, sólo en espera de correr el trámite legal formal. 

Pero no hay que olvidar que estamos en México, donde las instituciones sólo funcionan para cumplir formalidades de la democracia electoral, no para el contenido, que implica justicia electoral para todos, cumplimiento de principios constitucionales irrenunciables para toda democracia que valga.

El Tribunal Electoral tiene en sus manos el futuro de México. Su decisión sobre la elección presidencial puede marcar un parteaguas en la política nacional. El sistema político que representa el PRI, con los poderes fácticos que lo apoyan, se pasaron de la raya; las irregularidades cometidas, según lo conocido en los medios de comunicación, invaden terrenos de la delincuencia organizada, pues hay sospecha fundada de que se han triangulado recursos de procedencia ilícita, o por decir lo menos, de procedencia ilegal y desconocida.

Con frecuencia se ha escuchado que la policía es corruptible por sus bajos salarios, lo cual la hace presa fácil de la delincuencia organizada por su gran poder corruptor. Pareciera que la fórmula mágica para evitar su corrupción fuera ofrecerle a la policía salarios competitivos. 

En la lógica de a más y mejor remuneración, más autonomía e independencia, al Poder Judicial de la Federación se le han otorgado las más altas remuneraciones que se perciben en la administración pública de nuestro país. Sin embargo, la opinión pública en general no ha percibido todavía la independencia debida de este poder con respecto de los otros dos poderes: Ejecutivo y Legislativo. La sociedad nacional siente que el Poder Judicial le sigue debiendo; ello le da para pensar que a pesar de la muy alta remuneración que le otorga del erario, el Poder Judicial continúa siendo proclive a inclinarse y servir más a los otros poderes que a la sociedad.

Nunca como ahora se le ha presentado al Poder Judicial de la Federación la oportunidad de marcar con líneas inconfundibles  los límites con los otros dos poderes. El brazo electoral del Poder Judicial tiene en sus manos la oportunidad histórica de instaurar en nuestro país una era de moralidad política que nos saque del atolladero de corrupción e impunidad, que nos mantiene lejos de los parámetros de civilidad política y democrática que tienen la mayoría de los países del mundo, razón por la cual nuestro desarrollo se ha venido posponiendo de sexenio en sexenio en los últimos 30 años, los de la era neoliberal.

Declarar válida la elección presidencial no obstante tanta irregularidad e ilícitos cometidos por quien conduciría los destinos del país, arrojaría lecciones nada republicanas a la sociedad; la principal, el poder presidencial se puede comprar al precio que sea; el poder presidencial  sólo lo puede alcanzar el que sea capaz de comprometer  su independencia con los poderes fácticos, no con las fuerzas y los intereses de una sociedad esperanzada en  vivir en democracia.