Organizaciones sociales proponen ley para tener garantías jurídicas

• La iniciativa es “huérfana” de partidos políticos, subrayan

Daniel Díaz

La integrante del Colectivo de Organizaciones Michoacanas Pro Derechos Humanos, A.C., Cristina Cortés Carrillo, informó que la iniciativa de ley sobre Fomento y Fortalecimiento a las Actividades Organizadas por la Sociedad Civil establece la obligación de fomentar por parte de la autoridad el quehacer de las organizaciones, además de considerarlas como instituciones de interés social y público.

En entrevista con La Jornada Michoacán la activista explicó que la iniciativa que presentaron la tarde de ayer ante el presidente de la Mesa Directiva del Congreso del Estado, Fidel Calderón Torreblanca, contempla la obligación de la autoridad de brindar seguridad jurídica a las organizaciones de la sociedad civil y contribuye a eliminar el trato discrecional que recibían.

Aclaró que es una iniciativa “huérfana” de cualquier partido político, empero, es “hija” de las organizaciones de la sociedad civil que vienen trabajando y que ven como una necesidad su participación en la construcción de las políticas públicas que lleva a cabo el estado.

La iniciativa señala en su exposición de motivos que la mayoría de los gobiernos locales son reacios a extender los beneficios y apoyos para el desarrollo de las OSC. Asimismo, destaca que ha existido poca voluntad política –sobre todo de gobernadores y de los congresos locales– para entender los nuevos tiempos y construir procesos participativos que consideren el nuevo rol que asume la sociedad civil organizada, y se continua sin reconocimiento a las contribuciones que las OSC han hecho al desarrollo local y a la reconstrucción del tejido social.

De igual forma, señala como una prioridad pasar a una nueva etapa en la que las organizaciones civiles asuman un papel primordial y no esperar a que los actores políticos locales  se les ocurran “ceder” espacios controlados. Las OSC deben tomar la iniciativa nuevamente para formular y acompañar el proceso de propuestas que incidan directamente en las decisiones de los gobiernos locales.

Cortés mencionó que a partir de la promulgación de la Ley Federal, en el estado se han desarrollado diversos foros de consulta sobre la problemática y propuestas de las organizaciones de la sociedad civil; en todos ellos se ha planteado la necesidad de contar con un marco jurídico propio, que emane de las propias organizaciones de la sociedad civil.

Vale destacar que las OSC en nuestro país han ido acompañadas del proceso de transición democrática, siendo su promedio general de vida de tan sólo 15 años. Las entidades que cuentan con mayor número de OSC son el Distrito Federal, Coahuila, Estado de México, Nuevo León y Jalisco. Los sectores atendidos por las OSC se refieren a la población en general; la familia; grupos vulnerables como los discapacitados, los indígenas, los niños de la calle, las mujeres maltratadas y a los colonos.

Además, en la entidad se cuenta con diversos registros de organizaciones de la sociedad civil ante diferentes instancias de los Ejecutivos estatal y federal, pero se carece de un censo real y confiable. Pero más allá de esta consideración, es un hecho que las organizaciones de la sociedad civil realizan en lo cotidiano un valioso trabajo para contribuir al desarrollo del estado.

Finalmente, la iniciativa de ley surge de las propias organizaciones de la sociedad civil de Michoacán, pero además no suspende la vigencia de otras leyes que se relacionen, sino que obliga a la autoridad a brindar seguridad jurídica a las OSC.

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos necesarios están marcados *

Puedes usar las siguientes etiquetas y atributos HTML: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

La Jornada
La Jornada
siguenos en:

© Copyright 2013 La Jornada Michoacán. Todos los derechos reservados