Señor Director: Con motivo de la obsolescencia del Hospital Civil y del Hospital Infantil, la Secretaría de Salud de Michoacán tiene el proyecto de reubicar ambos a casi 10 kilómetros del centro de Morelia, en el municipio de Charo.

Tanto la distancia como el tránsito y los transportes hacen más difícil, caro e incómodo para pacientes y sus familias el llegar a esos lugares. La falta de servicios paralelos añade dificultades al caso.

En el caso de emergencias, la lejanía añadirá un riesgo para la salud y la vida de los pacientes. Existen alternativas mucho más céntricas y de dimensiones adecuadas: cerca de la Comisión Federal de Electricidad, en la colonia Electricistas; sobre la calle Ireticatame, colonia Félix Ireta; sobre la avenida Universidad, colonia Real Universidad; al poniente de la Casa de Gobierno, en el Periférico Independencia, y en la antigua central de autobuses.

El costo económico que signifique dicha reubicación de ambos hospitales pertenecientes a la Secretaría de Salud de Michoacán seguramente será menor que el costo en vidas y daños a la salud que implicaría la instalación a casi 10 kilómetros del centro de la ciudad. ¿Podría rectificarse la decisión actual?

Atentamente
Jesús Alveano Hernández

La secretaria de Desarrollo Social, Rosario Robles, y el presidente Enrique Peña Nieto. Foto: Notimex

Alfredo Ramírez Bedolla*

Como se daba por anticipado, el retorno del priísmo ha significado la misma y vieja receta neoliberal de aumentar impuestos y costos de los servicios públicos dejando el comercio de bienes y alimentos a la libre especulación de acaparadores y supermercados generando desproporcionados aumentos en productos básicos y, por consecuencia, un impacto negativo en la economía de las familias mexicanas que menos tienen.

A todas luces, resulta surrealista la realidad que vivimos. Por una parte, el gobierno federal lanza de forma espectacular su programa estrella en materia social –nada que ver con una estrategia de desarrollo social–: la Cruzada contra el Hambre”, y por otro, omite, olvida, desprecia la implementación de programas y políticas nacionales en materia de abasto y comercio popular, ejemplo de ello es que este año 2013 el gobierno federal destina un presupuesto irrisorio de 125 millones de pesos para atender en todo el país las centrales de abasto y mercados públicos (programa Prologyca de la Secretaría de Economía). Así, se deja a los productos de primera necesidad, como lo recomienda y exige el Fondo Monetario Internacional (FMI) y la Organización Mundial de Comercio (OMC), en manos del “mercado” a la libre oferta y demanda donde, más bien, predomina la especulación y el acaparamiento.

Continuando con el deterioro de la economía familiar, en marzo el precio de los alimentos se incrementó casi cinco veces más que el aumento promedio ocurrido en los 34 países que integran la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), según señala un reporte del organismo. Asimismo, la carestía en México registró un aumento de 8.4 por ciento, la cifra más alta de todas las naciones que forman la organización. El reporte de la OCDE señala además que en materia de energéticos México también registró una de las tasas inflacionarias más altas con un incremento de 5.8 en los precios, sólo por debajo de Australia y Estonia (7.6 cada uno); Grecia (8.2); Noruega (6.4) y Turquía (9.8), mientras que el promedio del total de los países miembros fue de 0.9 puntos porcentuales. Todos sufrimos con los interminables gasolinazos; resulta que ya es más cara la gasolina en nuestro país que en Estados Unidos. En tanto, el diesel –con el que funciona la maquinaria agrícola– es ya desde hace casi un año más caro que la gasolina magna. No obstante, ya advirtió la Secretaría de Hacienda –donde despacha el tecnócrata Luis Videgaray– que todo este año y el 2014 continuarán los ajustes alos precios de combustibles hasta igualarse a los precios internacionales, pero ¿a qué precios internacionales se referirán, si ya es más cara la magna aquí que del otro lado de la frontera? Por si fuera poco, en días pasados la Secretaría de Energía, la misma encargada por Peña Nieto de entregar el petróleo a empresas privadas, nacionales y extranjeras, anunció sin ningún recato el aumento de 8.70 por ciento a las tarifas de luz eléctrica.

Resulta una trágica comedia la publicidad gubernamental de combate al hambre si, al mismo tiempo, lo que están provocando es un desmesurado aumento en el costo de la vida y sus elementos básicos para sustentarla como son los alimentos, y lo único que le interesa a la funcionaria federal en turno a cargo de Sedesol es el marketing y que su programa sea validado por trasnacionales como la Pepsi o la Nestle, que al igual que Soriana serán las empresas que hagan un negocio multimillonario. Pretender combatir el hambre con la Pepsi es de risa, pero trágico en todo sentido, ya que están jugando con el hambre de millones de mexicanos, sobre todo de niños, mujeres embarazadas y adultos mayores.

Dicha cruzada es una estrategia publicitaria más para hacer pasar a Peña Nieto de buen samaritano, y para traficar con la necesidad de la gente que permita cooptar votos y voluntades. Es lo mismo que el Teletón: aprovechar a los niños con capacidades diferentes para promocionar a Televisa, lavarse la cara y con ello recaudar millones de pesos provenientes de ingenuos ciudadanos que aportan sus recursos para pagar los impuestos de Televisa y de paso hacerse publicidad. Debería intervenir la Comisión Nacional de Derechos Humanos y frenar esta atrocidad.

Un verdadero programa de alimentación popular debe basarse en otros principios, alejándose por completo del neoliberalismo, trasnacionalismo, mercantilismo y marketing. Algunas propuestas serían: 1. Aumentar la producción de granos y básicos, reactivar el campo, otorgar becas a pobladores rurales para mantenerlos en su lugar de origen produciendo alimentos. 2. Eliminar de las tiendas Diconsa la comida chatarra de trasnacionales (prohibir las cocas, pepsis y sabritas) y activar un programa de productos locales de mercado a corta distancia. Son 25 mil tiendas donde se ofrecerían productos locales con la finalidad de fortalecer el mercado interno. 3. Poner en marcha una política de abasto nacional con la construcción y reactivación de centrales de abasto; construir mercados públicos en todas las zonas urbanas que han crecido de forma exponencial en los últimos diez años derivadas de la migración campo-ciudad. Actualmente son grandes concentraciones de viviendas a expensas de supermercados y tiendas de conveniencia. 4. Recuperar el programa de precios de garantía para los granos y productos básicos, garantizando así la producción suficiente de alimentos. 5. Proteger nuestros productos endógenos como el maíz, frijol, chile, nopal, queso, a través de Denominaciones de Origen o Marcas Colectivas Región de Origen, y evitar la piratería y robo de la fama de los productos tradicionales.

*Secretario de Cooperativismo, Economía Solidaria, Movimientos Sociales y Civiles del CEN de Morena

La crisis política que vive Michoacán podría agravarse no sólo por la multiplicación de los conflictos o por lo áspero que se puedan tornar éstos. Es altamente probable que los mismos partidos políticos y sus representantes en los diferentes Poderes del estado contribuyan para montar literalmente una situación de aparente callejón sin salida. La clase política michoacana está haciendo rentable su propia crisis y muchos de sus personajes no dudan en alzar la espada en contra de cualquier mecanismo de mediación política.

Quizás la voz más nítida de esta tendencia la encontramos en los resabios del calderonismo, en esa agónica insistencia que exige llevar hasta sus últimas consecuencias la fallida concepción de la seguridad pública y del belicismo de Estado. El calderonismo, en voz del senador Salvador Vega Casillas, ha empezado a presionar al gobierno de Michoacán con ese lenguaje tan estridente que lo caracterizó y que no ve más que acciones bélicas aplicadas bajo el eufemismo del estado de derecho como la primera y única herramienta para resolver conflictos estructurales. Vega Casillas literalmente ha amenazado al gobierno de Michoacán: de no emplear mano dura en los conflictos que enfrenta, solicitará en el Senado de la República la desaparición de Poderes en la entidad.

Afirmó Vega Casillas: “vamos a solicitar la desaparición de poderes en Michoacán porque ya no existe gobierno. Se tiene que valorar esta situación de crisis de ingobernabilidad que se ha presentado. La violencia va en aumento, los normalistas tienen secuestrado al estado, no hay quién les ponga orden. Los michoacanos exigimos la acción del gobierno”.

Creyendo que cuestiona de raíz la legitimidad de la restauración misma en Michoacán o que contribuye en la posibilidad de una salida efectiva a esta crisis política, el calderonismo extraviado y nostálgico de ese poder casi absoluto que ostentó el sexenio pasado, más bien se despeña en el destierro que le impuso la sociedad en las elecciones presidenciales de 2012 e intenta el suicidio político, con la única condición de arrastrar en su caída al debilitado gobierno de Michoacán.

El proyecto calderonista de generalizar la guerra interna y de llevarla a todos los rincones del país, con especial atención a Michoacán, que fue el gran fracaso del sexenio pasado, ahora se le quiere imponer al estado de nueva cuenta a través del Senado de la República.

El PRI como gobierno de Michoacán también está atrapado en su propio círculo vicioso: la restauración a nivel federal no le ayuda en la estabilidad local, la reforma educativa y el desmontaje unilateral de las condiciones laborales del magisterio está generando graves conflictos a nivel estatal, como también está ocurriendo en Guerrero y Oaxaca, y a esto se suma la incapacidad de los gobiernos estatales para establecer mediaciones políticas sin prácticamente ningún margen de maniobra (qué pueden hacer si se impone el criterio de no dar marcha atrás y de no generar ninguna posibilidad de interlocución).

Corre supuestamente a favor del gobierno federal la idea de que la protesta magisterial está perdiendo el debate nacional, que sus acciones están causando un malestar generalizado que debilita la legitimidad de su demanda principal: no ser excluidos de una decisión reformista en la que también les correspondía participar por definición y derecho propio.

El gobierno de Michoacán también contribuye para que el lenguaje estridente del PAN escale en los modos unilaterales de la política actual: renuncia permanentemente a la mediación política, es decir, se muestra deliberadamente como incapaz de procesar los conflictos de manera política e institucional, establece una posición ambigua, amenaza y al mismo tiempo no termina de establecer un proceso de mediación y diálogo.

El gobierno de Michoacán enfrenta conflictos que en una medida importante vienen del nuevo ciclo de reformas a nivel federal y de la creciente desarticulación social que ha dejado esta época de violencia deshumanizada; además, el gobierno de la restauración en el estado no puede dejar de politizar el ominoso caso de la deuda pública y con ello anula su autoridad moral para emprender una rehabilitación financiera de Michoacán y las consecuencias jurídicas que deslinden responsabilidades.

Además, en nombre de una deformada comprensión del estado de derecho, el Ejecutivo estatal insiste en desconocer lo que de legítimo tienen varios procesos de autodefensa comunitaria y, lejos de comprender que esa medida de sobrevivencia en algunas comunidades ha contenido cierta violencia, da la espalda a la cuestión y decide transferir la responsabilidad al gobierno federal.

Es cierto que los gobiernos estatales poco pueden hacer para desmontar la tremenda simbiosis que se ha producido entre crimen organizado, sociedad y economía; sin embargo, el mínimo margen de maniobra lo dilapidan cuando aplican esa doctrina de la seguridad pública e intentan criminalizar todas las situaciones de autodefensa y la misma protesta social, sin identificar la naturaleza estructural de los conflictos ni las mediaciones necesarias para cada uno de ellos.

Esa voz que pide la desaparición de Poderes en Michoacán, la del calderonismo moribundo, parte evidentemente de una estrategia que ya ha demostrado su gran fracaso: la mano dura, militar, contra el crimen organizado y contra todos los movimientos sociales que supuestamente desestabilizan al estado. Lo que hace frágil a los gobiernos, ya sea federal, estatal o municipal, no es simplemente que no usen su fuerza contra la delincuencia, es una acumulación de deterioro y de incapacidades que empezó hace mucho tiempo y que ahora se manifiesta como eso que llaman eufemísticamente “ingobernabilidad”.

Lo que se ha vuelto ingobernable no es solamente la sociedad sino la estructura misma de gobierno, cuya renuncia a la política, entendida también como mediación de conflictos, más bien le hace el juego al grotesco guión apocalíptico de la desaparición de Poderes.

Hoy la educación en Michoacán pasa por una crisis laboral que está repercutiendo en la sociedad, pero sobre todo en los docentes y empleados sindicalizados de los institutos tecnológicos descentralizados de la entidad, así como en otras organizaciones sindicales hermanas (SUEUM, SPUM, Sutaconalep, Sitcbem, entre otras).

Por lo anterior, hacemos las siguientes demandas:

1. Que el gobierno del estado nos reconozca como Sindicatos Unidos.

2. Homologación de nuestros contratos colectivos.

3. Cumplimiento a las revisiones y violaciones contractuales actuales.

Actualmente la Federación de Sindicatos de los Institutos Tecnológicos Superiores Descentralizados del Estado de Michoacán (FSITSDEM) está integrada por diez sindicatos, con un número de afiliados de aproximadamente 900 personas, entre docentes y empleados, teniendo una matrícula de 10 mil 500 alumnos aproximadamente, los cuales podrían salir perjudicados; sin embargo, el gobierno del estado, aun cuando conoce estos datos, no nos contempla como un solo sindicato.

Cada sindicato tiene contratos muy diferentes en cuanto a prestaciones y buscamos una homologación, es decir, conjuntar todas las prestaciones en un solo contrato que permita una mejor remuneración para nuestros sindicalizados.

Los sindicatos de Huetamo, Tacámbaro y Zamora están pasando por revisiones contractuales en donde aún no se tiene un ofrecimiento económico justo y razonable para las demandas de nuestros docentes y empleados, el Tecnológico de Cherán tiene programado el estallamiento de huelga este viernes 17 de mayo a las 14 horas.

El gobierno del estado dice que no hay dinero por los malos manejos de gobiernos anteriores y que con el Decreto de Austeridad no podrá hacer gastos innecesarios, con lo cual se justifica, siendo que el propio decreto marca sus excepciones, tal es el caso de la educación, pero no quieren hacer nada por mejorar la calidad de vida económica de los trabajadores sindicalizados de los institutos tecnológicos descentralizados de Michoacán. Y el único ofrecimiento del gobierno estatal es del 3.9 por ciento al salario y 1.2 a prestaciones, el cual es hecho por la Federación.

Los institutos tecnológicos descentralizados hoy día son instituciones de prestigio en donde sus programas académicos están acreditados por casas acreditadoras como Cacei, Conaic y Caceca; asimismo, se cuenta con reconocimientos a la excelencia educativa y de alta calidad otorgados por la SEP a las mejores instituciones del país.

Lo anterior pareciera que no le importa al gobierno del estado, en donde nuestros docentes y empleados sindicalizados ya han hecho su parte y pedimos que ahora el gobierno haga lo propio al reconocernos, así como nuestro esfuerzo y trabajo, y el cumplimiento de nuestras demandas contractuales, para una mejor calidad de vida de los trabajadores de la FSITSDEM.

No es posible que en los institutos tecnológicos descentralizados, instituciones de educación superior, nuestros docentes y empleados tengan un salario mucho menor que otras instituciones educativas del mismo nivel y es mucho menos aceptable que ganen menos que en una institución de nivel medio superior o de educación básica.

Por lo tanto, hacemos un llamado al gobierno de Michoacán para que atienda nuestras demandas contractuales en beneficio de losd docentes y empleados sindicalizados.

Consideramos que a nivel nacional los tecnológicos descentralizados están laboralmente muy por debajo de los tecnológicos federales, por lo tanto pedimos que se nos vea laboralmente igual. Asimismo, deseamos que se realice una investigación sobre este tema si así lo consideran pertinente.

Atentamente 

Federación de Sindicatos de los Institutos Tecnológicos Superiores Descentralizados del Estado de Michoacán

El día martes se difundió en los medios de comunicación el hecho de que el presidente del máximo tribunal del país, el ministro Juan N. Silva Meza, “hizo un llamado urgente a los Poderes Ejecutivo y Legislativo a aprobar un código penal único para todo el país”, e hizo referencia a que tal acción fortalecería el “estado de derecho” y el “pleno respeto a los derechos humanos”.

No es de sorprender la posición y el lenguaje utilizado, dado que en las facultades de Derecho del país nunca se enseña sobre el Derecho Indígena, o del hecho de que la existencia de los sistemas legales indígenas traduce a un pluralismo jurídico que no es más que un reflejo de la “composición pluricultural” del país “reconocido” en el artículo segundo de la Constitución federal. Finalmente, es sólo una de las muchas manifestaciones del rechazo y olvido hacia lo que son las bases verdaderas de las culturas de los pueblos y comunidades indígenas.

Es así que las y los abogados hablan de los derechos humanos sin recordar de los derechos fundamentales colectivos de los pueblos y comunidades originarios del país, quienes tuvieron tribunales, jueces y sistemas legales mucho antes de la conquista y la llegada de los españoles, y en muchos casos, los siguen teniendo.  Hablan de códigos de procedimientos únicos, cuando el resultado sería el etnocidio, eso es, buscar destruir total o parcialmente las culturas originarias de México.

Si el artículo segundo de la Constitución federal garantiza el respeto de la libre determinación y la autonomía indígenas, que incluye la aplicación de sus “propios sistemas normativos en la regulación y solución de sus conflictos internos”, mismo que está reconocido en los tratados y declaraciones internacionales relevantes, entonces ¿por qué no existen una Ley de Justicia y Jurisdicción Indígena federal, y por qué no existen tales leyes en la mayoría de las entidades federativas? ¿Cómo puede cuestionarse la “homogeneidad” de la legislación penal en el país si justo lo que se ha buscado es reconocer la diversidad y pluralidad de sistemas jurídicos?

¿Un código penal único reconocería la jurisdicción de las autoridades indígenas que día tras día en Oaxaca, en los 417 municipios que no se rigen por el sistema de partidos políticos, sino viven bajo una estructura de gobierno indígena propio, buscan conservan la paz, la comunalidad, y el orden en sus localidades? ¿Qué dirían los ministros al saber que en cientos, más bien miles, de comunidades de Oaxaca, cuando hay un conflicto o crimen, son topiles o policías comunitarias quienes, al dar su servicio y cumplir su primer cargo en el escalafón de obligaciones frente su comunidad, sin armas, detienen a la o el transgresor, y lo llevan frente la autoridad comunitaria para su respectivo procedimiento? ¿Cuál es su opinión del hecho de que en la comunidad purépecha de Cheran K’eri ya no funciona el “juzgado”, sino el gobierno comunitario indígena y su Comisión de Justicia, bajo la guía del K’eri Janaxkaticha (Consejo de Pensadoras y Pensadores)? ¿Conocen algo del sistema normativo que funciona bajo las Juntas de Buen Gobierno dentro del territorio zapatista en Chiapas?

La preocupación del ministro presidente fue, al parecer, que México es de los pocos países sin una legislación penal “aplicable en todo su territorio”. Así seguirá siendo, si no en papel, en la realidad, pues los pueblos indígenas no permitirán que una ley foránea desplace sus leyes, que han existido justo para que lo propio pueda seguir vigente frente la pretendida imposición de lo ajeno.

El teórico de la comunalidad, el maestro Jaime Martínez Luna, zapoteco de Guelatao de Juárez, la tierra que vio nacer a don Benito Juárez García, afirmó lo siguiente en su libro más reciente, intitulado Lo que llaman la comunalidad: “no hay peor discriminación que la que se ejerce con la aplicación de las leyes externas,” pues “en nuestras comunidades enfrentamos un sinnúmero de delitos, pero asimismo encontramos la cantidad de soluciones que existen.  Nuestras leyes son aplicadas a quien le toca ejercerlas, no es gente especializada, son personas a quienes les toca temporalmente hacerlas valer”.

Concluye diciendo lo siguiente: “la autonomía, la libre determinación o autodeterminación, sería en este caso el marco jurídico más adecuado… El Estado mexicano no debe temer sus resultados, sino estar atento a sus frutos, porque podrían ser un ejemplo de cómo conducir una sociedad compleja, sin tantos papeleos, porque pareciera que nuestra sociedad nacional se realizara exclusivamente sobre el papel”.

Señor Director: El movimiento No más Tomas de la UMSNH ha insistido desde su creación en la urgente necesidad de cambiar la cultura de negociación en la Universidad Michoacana modificando las soluciones simplistas –y al parecer casi únicas– de presión (paros, tomas, huelgas) por acciones inteligentes, en un marco universitario, sin renunciar a los derechos laborales de los profesores, pero evitando interrumpir las actividades en la institución.

Nuevamente vemos con gran indignación que el Consejo General del SPUM continúa tomando atribuciones que sólo les corresponde tomar a todos los profesores sindicalizados. Anteriormente decidieron dos paros sin la consulta de la base de los profesores, causando enojo y protesta de varias secciones sindicales. Ahora que ha transcurrido una semana de huelga, los profesores –quienes somos los únicos que legalmente debemos tomar las decisiones para estallar este movimiento y levantarlo cuando lo consideremos conveniente– sólo conocemos los resultados de las negociaciones a través de los medios de comunicación, pues nuestros dirigentes no nos informan o, en el mejor de los casos, nos dan información filtrada.

Sabemos por esos medios que ha habido propuestas del Consejo General del sindicato (no de la base de profesores) y propuestas de la autoridad, que hasta la fecha desconocemos. Cada vez que la autoridad hace una propuesta debe ser inmediatamente turnada a las secciones sindicales para que, en reuniones con todos los profesores, se analice, se discuta y se vote para que seamos todos los profesores los que decidamos continuar o levantar el movimiento de huelga.

Es verdaderamente inaudito que profesores universitarios organizados en un sindicato seamos tratados como sujetos sin capacidad de decisión y se tome el Consejo General la atribución de decidir por todo el personal académico de la Universidad Michoacana.

Con estas acciones unilaterales pareciera que el primer interesado en debilitar y eventualmente acabar con el SPUM es el Consejo General. ¿Será éste el verdadero objetivo? Evitemos por todos los medios ser un sindicato sometido y manipulado, actuemos con inteligencia para resolver los problemas que enfrentamos.

Por otro lado, también pedimos a las autoridades hacer uso de un diálogo transparente y más ágil, considerando que es la parte neurálgica de la Universidad Michoacana la que debe ser correctamente informada y beneficiada en su labor académica. También les invitamos a que sean los expertos nicolaitas quienes se manifiesten sobre este conflicto de descuentos e impuestos y pedir a la Comisión Permanente de Control y Presupuesto del Consejo Universitario a que ayude a informar correctamente a los profesores de nuestra casa de estudios.

Profesores universitarios: las decisiones deben ser de todos nosotros, exijamos respeto a los líderes del SPUM, trabajemos unidos en favor de la UMSNH, no actuemos manipulados y mal informados en desprestigio de nuestra Universidad y de nuestra fuente de trabajo.

Movimiento No más tomas

Invitan al foro y debate “La reforma energética y la soberanía nacional”

Señor Director: La Asociación de Egresados Politécnicos “Fraternidad Politécnica de Michoacán AC”, en colaboración con el Comité Nacional de Estudios de la Energía AC y sindicatos como el SPUM y el SUTOPDSSM, invitan a investigadores, intelectuales, maestros y alumnos de la Universidad Michoacana, así como de otras instituciones educativas de la entidad y al público en general, al foro de información, reflexión y debate “La reforma energética y la soberanía nacional”.

El evento, con entrada gratuita, se llevará a cabo este viernes 17 de mayo a las 11 horas en el auditorio del Centro Cultural Universitario (avenida Madero esquina Galeana, en Morelia) y contará con la participación de ponentes de reconocimiento nacional como Javier Jiménez Espriú, que abordará el tema de la soberanía nacional y energética; Rafael Decélic Contreras, quien hablará sobre el valor agregado de la petroquímica y la refinación; Pablo Moctezuma Barragán, quien hará una reseña sobre la defensa histórica del petróleo; Francisco Carrillo Soberón, que disertará sobre la situación del sector eléctrico nacional, y Simón Cruz Galindo, cuyo tema será la energía nuclear en México.

Comité organizador: Jesús Zendejas Macías, Humberto González Ramírez, Alfredo Torres Robledo, Mario Galicia Yépes, Lauro Rogelio Chávez Rodríguez, Javier Maldonado Torres, José Luis Castillo Reynoso, Marcelo Bravo Alatorre y Antonio Vargas Calderón

Los presidentes del PAN y PRD, Gustavo Madero y Jesús Zambrano, respectivamente, con Enrique Peña Nieto durante la firma de la iniciativa de la reforma financiera en la ciudad de México. Foto: Cristina Rodríguez

Xavier Marconi Montero Villanueva

El Pacto por México había sido amenazado en su cumplimiento por la dirigencia del Partido Acción Nacional y posteriormente por la del Partido de la Revolución Democrática. La razón fue la falta de interés del gobierno federal al señalamiento del presidente nacional del blanquiazul de que en Veracruz se estaban manipulando electoralmente los programas sociales impulsados desde el Ejecutivo federal.

Tras el compromiso del presidente Peña Nieto de frenar los trabajos del pacto hasta que las dirigencias nacionales de los partidos se reunieran con el secretario de Gobernación y acordaran los términos de la relación de las fuerzas políticas nacionales con el gobierno federal en las campañas políticas a desarrollarse este año, finalmente hubo acuerdos importantes que permitieron que el Pacto por México esté más vivo que nunca y con miras a seguir sacando adelante las reformas que México necesita para poder retomar el camino del desarrollo y el crecimiento como país.

Gracias a estos últimos acuerdos se pudo presentar la reforma hacendaria y blindar electoralmente los programas del gobierno federal en los tiempos de campaña.

Para lograr esto último fue necesario consolidar un addendum al Pacto por México que originalmente se había firmado para hacerle nuevas adiciones que dieran tranquilidad a los partidos de oposición referentes al papel del gobierno de la República en las campañas que habrán de desarrollarse este año en nuestro país, y fijara reglas claras para los partidos políticos en estos procesos.

Así fue que el pasado 7 de mayo de 2013 los dirigentes nacionales de los partidos políticos, acompañados de sus coordinadores parlamentarios y el presidente de la República, signaron este anexo al acuerdo inicial del Pacto por México, que está basado de manera primordial en cuatro grandes principios y que busca de manera particular alcanzar el objetivo de preservar el ambiente de confianza en nuestro país a pesar de los temas de naturaleza coyuntural que se vayan presentando.

Los cuatro principios que le dan certeza al addendum del Pacto por México son: 1.- Sobreponer el interés del país y el de los mexicanos a cualquier interés partidario o individual. 2.- Cumplir con la palabra empeñada. 3.- Profundizar la transparencia. 4.- Actuar bajo estricto apego a la Constitución y a las leyes de que ella emanan.

Con estos ejes se busca terminar con el uso electoral de programas sociales en todos los ámbitos y órdenes de gobierno; la creación de mecanismos de acuerdo político para responder oportunamente a retos coyunturales, reformar leyes y programas para mejorar la estructura de nuestros sistemas, y especialmente castigar a quienes cometan delitos electorales medrando con la pobreza que padecen millones de mexicanos.

Además de los principios ya señalados, se acordaron compromisos adicionales entre los signantes, entre ellos el de respetar la ley y la limpieza electoral; hacer un blindaje electoral que permita la suspensión temporal de movimientos de altas y bajas de beneficiarios en los padrones de los programas ociales en los 14 estados en donde se realizarán elecciones, hasta en tanto el consejo ciudadano esté instalado y adelantar 45 días antes de la elección la entrega de apoyos, sujeto a las disposiciones presupuestarias.

Los otros compromisos tienen que ver con el impulso a la participación de la sociedad civil; profesionalización e imparcialidad de los delegados y operadores de programas federales; creación de una comisión plural de preservación del entorno político de equidad de la competencia en cada una de las 14 entidades federativas que tendrán elecciones en julio de 2013; integrar una comisión plural nacional de preservación del entorno político de equidad de la competencia; creación de condiciones de equidad de la competencia en cada uno de los 14 estados que sostendrán elecciones en julio de 2013; gestionar la participación de observadores electorales nacionales y de visitantes internacionales al proceso electoral del 7 de julio, además de sacar adelante tres acuerdos ligados a los compromisos originales del Pacto por México, como el de la reforma electoral adelantando los compromisos 89 y 90; contar con un sistema nacional de programas sociales, adelantando el compromiso 6, y redoblar los esfuerzos de apoyo a la transparencia, deudas estatales y combate a la corrupción.

Con estas acciones México sigue adelante en su consolidación política, comercial, económica y social, y fortalece su democracia, bajo el liderazgo del presidente Peña Nieto, que sigue demostrando con hechos que es un hombre de Estado, dispuesto a responder con creces a las grandes exigencias nacionales.

Una escena de la huelga del SPUM en la Casa de Hidalgo. Foto: Ignacio Juárez

Arturo Herrera Cornejo

Con el Colegio de San Nicolás y el resto de las instalaciones universitarias paralizadas por la huelga del Sindicato de Profesores de la Universidad Michoacana (SPUM), que se opone a que a los maestros de la máxima casa de estudios de la entidad les sea descontado el Impuesto Sobre la Renta (ISR), se celebró el 260 aniversario del natalicio del Padre de la Patria, Miguel Hidalgo y Costilla, la máxima celebración de la Universidad Michoacana. El 8 de mayo es la fecha insignia de los nicolaitas, al desconocerse con exactitud cuándo, el obispo Vasco de Quiroga, fundó el Colegio.

San Nicolás surgió como un plantel destinado a la preparación de sacerdotes, en Pátzcuaro, en 1540 con el nombre de Real y Primitivo Colegio de San Nicolás; sin embargo, una de las disposiciones de don Vasco en su testamento dictado en 1565 fue que los indios recibieran en la institución educación gratuita: “…con cargo que en recompensa y satisfacción de lo que allí los indios de esta ciudad de Mechuacán y Barrios de la Laguna trabajaron, pues ellos lo hicieron, y a su costa, sean perpetuamente en él gratis enseñados todos los hijos de indios, vecinos y moradores de dicha ciudad de Mechuacán y de los dichos barrios de la Laguna…” (testamento, en Aguayo Spencer, Rafael. Don Vasco de Quiroga, pensamiento jurídico, antología. Editorial Miguel Ángel Porrúa, 1970, página 243).

En 1573, San Nicolás se trasladó a Valladolid y en 1581 se fusionó con el de Colegio de San Miguel. En 1766 ingresó al plantel un adolescente de 13 años, Miguel Hidalgo y Costilla, quien residiría 26 años en la ciudad de Valladolid. Todo este tiempo estuvo ligado al Colegio de San Nicolás, realizó en este plantel sus estudios y llegó a ser su rector. Los jesuítas tenían convenido con el Colegio de San Nicolás la impartición de las clases de gramática y retórica en el vecino edificio de La Compañía; la noche del 25 de junio de 1767 los miembros de La Compañía fueron sacados violentamente del convento, con el uso de la fuerza pública, y conducidos a Veracruz para ser deportados a Italia.

Hidalgo fue un destacado alumno del Colegio de San Nicolás y al término de sus estudios siguió el camino de la docencia. El historiador Raúl Arreola Cortés refiere que fue pasante de gramáticos, presidente y sinodal de las academias de Filosofía y Teología, Beca de Oposición, catedrático de Mínimos y Menores, así como de Teología Escolática. Su carrera en San  Nicolás lo llevó a la Rectoría y a la Tesorería del plantel.

En 1790 ingresó a San Nicolás José María Morelos y Pavón. Dos años tuvo como maestro a Miguel Hidalgo. En 1792 las ideas de avanzada del rector, que compartían otros clérigos de Valladolid, como Benito Pérez Calama, provocaron que fuera removido. A Hidalgo se le envió como párroco a Colima. Pese a todo, Hidalgo no se alejó de Michoacán; desde 1787, con sus hermanos José Joaquín y Mariano, adquirió las haciendas de Santa Rosa, San Nicolás y Jaripeo El Alto, transformando las feraces tierras en una zona productiva que proporcionó alimentos al importante Real de Minas de Tlalpujahua y a la ciudad de México, según revela la investigación de María Nieves Cordero y Ramón Alonso Pérez Escutia, plasmada en el libro La familia Hidalgo y Costilla y las haciendas del Valle de Jaripeo, que próximamente será presentado en Morelia.

El biógrafo de Hidalgo, Luis Castillo Ledón, refiere que uno de los primeros actos del cura en las haciendas del Valle de Jaripeo, cercano a la actual Ciudad Hidalgo, fue la venta de 80 toros de lidia de buena calidad para las corridas de toros que se celebraban en ese tiempo en Acámbaro.

Párroco en San Felipe Torres Mochas y, posteriormente, en Dolores, Guanajuato, Hidalgo viajó por última vez al Valle de Jaripeo en la primavera de 1810. Ya había forjado en esta región del Oriente michoacano sólidos lazos de amistad con muchas personas que lo acompañarían en la lucha por la Independencia nacional. En esas visitas que hacía a esta comarca fue que se relacionó con los hermanos Ignacio, Ramón y José María López Rayón, vecinos de Tlalpujahua.

Miguel Hidalgo y Costilla destaca en la historia no sólo por ser el Padre de la Patria, sino también por sus ideas de avanzada y por sus acciones en pro de la libertad, la igualdad y la dignidad del ser humano.

El 19 de octubre de 1810 en Valladolid, instruido por Hidalgo, el intendente de José María Anzorena expidió el Bando que declaró la abolición de la esclavitud: “En puntual cumplimiento de las sabias y piadosas disposiciones del excelentísimo señor capitán general de la nación americana, doctor don Miguel Hidalgo y Costilla, el que debe rendirle las más expresivas gracias por tan singulares beneficios, prevengo a todos los dueños de esclavos y esclavas que inmediatamente que llegue a su noticia esta plausible superior orden los pongan en libertad, otorgándoles las necesarias Escrituras de Alahorria [Alhorria era el término utilizado, desde Siete Partidas de Alfonso el Sabio, para referirse a la libertad de los esclavos] con las inserciones acostumbradas, para que puedan tratar y contratar, comparecer en juicio, otorgar testamentos, codicilos y ejecutar las demás cosas que ejecutan y hacen las personas libres”.

“Y no haciéndolo así los citados dueños de esclavos y esclavas sufrirán irremisiblemente la pena capital: confiscación de todos sus bienes. Bajo la misma que igualmente se impone, no comprarán en lo sucesivo ni venderán esclavo alguno, ni los escribanos, ya sean del Número o Reales, extenderán escrituras concernientes a este género de contratos, pena de suspensión de oficio y confiscación de bienes, por no exigirlo la humanidad ni dictarlo la misericordia. Es también el ánimo piadoso de S.E. quede totalmente abolida para siempre la paga de tributos para todo género de castas, sean las que fueren, para que ningún juez ni recaudador exija esta pensión, ni los miserables que antes la satisfacían la paguen, pues el ánimo del excelentísimo señor capitán general es beneficiar a la nación americana en cuanto le sea posible”.

Ése fue el primer momento en este suelo de la que sería la nación mexicana en el que todos los seres humanos fueron considerados iguales ante la ley. Aunque las corrientes conservadoras han querido quitar a Hidalgo el mérito de ser el Padre de la Patria, aduciendo su captura y posterior sacrificio,  las cuales confunden con la derrota, Hidalgo ganó después de muerto.

Este correo es para informar sobre el fallecimiento del maestro internacional Francisco Magaña Echeverría, el mejor ajedrecista que ha tenido Michoacán en la historia.

Nació el 30 de octubre de 1955 en Pátzcuaro, realizó sus estudios de ingeniero electricista en la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo y realizó una maestría en Administración. Fue gerente de Ingeniería de Producción de la Chrysler durante 33 años. Fue campeón nacional en el Abierto de Guadalajara. Es el único maestro internacional que ha tenido el estado, título que obtuvo en 1999. Hacía varios años que radicaba en el estado de México.

Venía de visita a Michoacán para encontrarse con su familia en Pátzcuaro. Falleció el jueves por la noche en Morelia. Momentos antes había visitado a sus amigos ajedrecistas en el café La Parroquia, conocido punto de reunión de ajedrecistas morelianos con quienes jugó por última vez el juego que fue una de sus grandes pasiones en vida.

M.C. Eduardo Baltierra Trejo

Migrantes huyen durante un operativo en la frontera de Tijuana con Estados Unidos ■ Foto Notimex

Eduardo González Velázquez

Esta semana los 18 miembros del Comité Judicial del Senado estadunidense iniciaron el debate sobre la reforma migratoria con el objetivo de destrabarla este mismo mes y evitar que a partir del segundo semestre del año se “contamine” por la antesala de los procesos electorales de 2014.

Aunque pareciera que el “grupo de los ocho” (de los cuales cuatro están en el Comité Judicial), conformado por senadores y representantes demócratas y republicanos, comparte la misma idea para sacar adelante la reforma migratoria, en la práctica las cosas son diferentes, principalmente en dos escenarios: el primero, el cúmulo de enmiendas donde las diferencias en las visiones se agrandan; el segundo, la poca garantía que existe para que la mayoría de los senadores republicanos finalmente vote a favor de la reforma propuesta, no obstante la experiencia de las elecciones pasadas, donde fue evidente el rechazo electoral hispano hacia los republicanos a consecuencia del poco apoyo brindado a los migrantes por ese instituto político.

En las primeras escaramuzas legislativas se pusieron sobre la mesa más de 300 enmiendas. Lo primero que debe hacer el Comité es seleccionar cuáles serán debatidas. Las enmiendas son variopintas, aparecen mayores protecciones para niños custodiados por la Patrulla Fronteriza; la prohibición para otorgar a los migrantes el estatus de Inmigrante Provisional Registrado (RPI) hasta que la Secretaría de Seguridad Interior establezca mayores niveles de seguridad en la frontera; que no se cobre peaje a peatones y pasajeros de vehículos por cruzar la frontera entre México y Estados Unidos; hacer efectivo el cobro de impuestos atrasados; dar beneficios migratorios a parejas homosexuales; crear nuevas condiciones para acceder a una visa de trabajo temporal; prohibir la ciudadanía estadunidense a las personas que hayan estado en estatus “indocumentado”; permitir que agencias federales de seguridad accedan a información sobre RPI. Que la reforma migratoria permita legalizar la estancia de los “sin papeles” y abra el camino para el regreso al vecino país del norte de millones de personas que fueron deportadas, siempre y cuando no hubiesen cometido un delito grave, y tengan un hijo, cónyuge o familiar radicando legalmente en el país (La Opinión, 9 de mayo de 2013).

El presidente Barack Obama aprovechó la oportunidad para afianzarse en la arena política donde se discute el asunto migratorio y, desde su mensaje semanal, puso en claro sus argumentos para la reforma; afirmó que “la frontera con México está más segura que en los últimos años y que los cruces ilegales han disminuido en casi 80 por ciento desde su momento más alto en el año 2000” (La Opinión, 8 de mayo de 2013).

La discusión migratoria se desarrolla al tiempo que la Universidad del Sur de California (USC) da a conocer un estudio que muestra parte de la numeralia de los “sin papeles” en ese estado de la Unión Americana y su impacto sobre la vida estadunidense, a saber: California congrega a uno de cada cuatro “indocumentados” de los 11 millones que se estima residen en Estados Unidos. La mayoría de los “ilegales” están integrados a una red familiar que muchas veces incluye a ciudadanos estadunidenses (hogares con estatus migratorios mixtos). En el condado de Los Ángeles, uno de cada cinco niños tiene un progenitor “indocumentado” y uno de cada diez adultos es un migrante “sin papeles”. El estudio de la USC hace hincapié en que el cambio en el estatus migratorio impactaría positivamente en el aumento de ingresos al permitir acceder a mejores puestos de trabajo, con lo cual aumentaría el poder adquisitivo de millones de personas que se vería reflejado en el fortalecimiento del mercado interno estadunidense. Solamente en California el acceso a la ciudadanía de la población “indocumentada” inyectaría 4 mil 500 millones de dólares en la economía estatal (El País, 9 de mayo de 2013).

Por vía de mientras, a casi tres décadas de distancia de la última reforma migratoria realizada en Estados Unidos, es urgente que se legisle nuevamente sobre el fenómeno para sacar de la medianía ciudadana a millones de personas que cada día colaboran en el crecimiento y desarrollo del vecino del norte, pero que se mantienen en la incertidumbre legal.

No obstante, a la luz de los intereses políticos de los diversos grupos estadunidenses, y tomando en cuenta las 300 enmiendas que nublan el proceso legislativo para sacar de la “oscuridad ciudadana” a los 11 millones de sin papeles, las expectativas sobre la reforma migratoria comienzan a no ser tan buenas como lo fueron al inicio de este año. Veremos al final del día qué dicen los senadores, los representantes y el presidente Barack Obama sobre el futuro de los migrantes en Estados Unidos.